25/04/2024

Política

Rolexgate: la Fiscalía General de Perú amplía la investigación contra Boluarte y la acusa de cohecho pasivo

A través del Área de Enriquecimiento ilícito y Denuncias Constitucionales, el Ministerio Público amplió las investigaciones preliminares contra Dina Boluarte y la acusa de la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio.

El Ministerio Público de Perú informó a través de un comunicado que ampliará las investigaciones en contra de la Presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos, en el marco de la causa conocido como "Rolexgate".

Según el comunicado publicado por la Fiscalía General de la Nación de Perú, a través del Área de Enriquecimiento ilícito y Denuncias Constitucionales se dispuso la ampliación de las diligencias preliminares contra la mandataria que alcanzan también a Wilfredo Oscorima, el gobernador regional de Ayacucho, quien había sido señalado por la propia Boluarte como el propietario de la polémica colección de los costosos relojes Rolex por lo cual es investigada.

De esta manera, a las acusaciones por enriquecimiento ilícito se le suma la posible comisión de un delito de cohecho pasivo impropio, un delito en el que Boluarte habría incurrido tras aceptar o solicitar de manera indebida el préstamo de los relojes Rolex, para hacer un acto propio de su cargo.

Cabe mencionar que producto de la investigación que se lleva a cabo en su contra, el pasado 30 de marzo, las autoridades judiciales dispusieron el allanamiento del domicilio particular y del Palacio de Gobierno, en busca de documentación relacionada con los relojes exhibidos por la mandataria durante sus actos. "Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima", había afirmado Boluarte poco después de los operativos dispuestos por el Ministerio Público.

Además de las complicaciones en el frente judicial, el Rolexgate le valió a Boluarte la presentación de una cuarta moción de vacancia en su contra, impulsada por congresistas opositores que acusaban a Boluarte de "incapacidad moral" para ejercer la primera magistratura del país.

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