Retroceso para DeSantis: Organizaciones que lo demandarán por su ley "antiinmigrante"

Varios grupos de defensa de los inmigrantes se han unido para presentar lo que será el primer recurso legal una vez que la SB1718 entre en vigencia.

Un grupo de organizaciones cívicas anunció en un comunicado que presentarían la primera demanda federal para impugnar la medida. Las organizaciones están acusadas de lo que el "proyecto de ley draconiano" se considera "discriminatorio contra los inmigrantes y representa una amenaza para los derechos y el bienestar de todas las personas en el estado".

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La demanda, iniciada por el Southern Poverty Law Center, Florida American Civil Liberties Union (ACLU), Americans for Immigration Justice y American Immigration Board, se presentará contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en nombre de varias personas y Florida Farm. Asociación de Trabajadores, una organización de derechos de los inmigrantes que trabaja por la justicia social, política, económica, laboral, de salud y ambiental con y para los trabajadores agrícolas.

Los demandantes argumentarán que la ley viola los derechos básicos de las personas en el estado al mismo tiempo que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas de los inmigrantes. La apelación se centrará en las disposiciones de la Sección 10, que penaliza el transporte a Florida de personas que no pueden probar su estatus legal en los Estados Unidos.

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Consdierando que el pasado, sábado 1 de julio entró en vigor en Florida la SB 1718, que es considerada la ley estatal más dura de Estados Unidos contra los inmigrantes indocumentados. La regla fue promovida por el gobernador Ron DeSantis, el candidato republicano en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

La ley incluye una larga lista de sanciones tanto para las personas indocumentadas que ingresen al estado como para quienes las contraten o las transporten desde otros estados sabiendo que las personas están ilegalmente en los Estados Unidos. “SB 1718 dificulta la vida de los aproximadamente 775,000 inmigrantes indocumentados en Florida, sus empleadores y familias”, dijo la Florida Immigrant Coalition (FLIC) en un comunicado.

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El gobernador Ron DeSantis está en medio de la campaña para la nominación del Partido Republicano de 2024 y ha hecho de la migración indocumentada su principal tema de campaña, prometiendo deportaciones masivas, construyendo un muro en la frontera con México y terminando con los derechos de ciudadanía. nacimiento. Según la nueva ley, será un delito grave cruzar la frontera del estado de Florida sin documentos.

La sección 10 de la SB 1718 establece: “Cualquier persona que, a sabiendas y a sabiendas, transporte dentro de este estado a una persona de la que esa persona sabe o debería haber sabido que ingresó a los Estados Unidos en violación de la ley y no ha estado sujeta al escrutinio del gobierno federal desde . su ingreso ilegal desde otro país comete un delito de tercer grado”.

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La gravedad del delito aumenta al segundo grado cuando se transporten más de 5 personas o un menor, establecido por la ley. SB 1718 prohíbe y hace ilegal el empleo, reclutamiento o uso de inmigrantes irregulares. Además, obliga a las empresas con más de 25 empleados a utilizar un programa para verificar (E-Verify) el estatus migratorio de cada uno de ellos a riesgo de multas y revocación de permisos de trabajo en Florida.

E-Verify es un sistema en línea operado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esto permite a los empleadores verificar si alguien tiene derecho legal a trabajar en el país. Este sistema ya es obligatorio para los empleadores públicos. El Florida Policy Institute estima que sin trabajadores indocumentados, los empleadores en las industrias que más los emplean perderían el 10% de su fuerza laboral.

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En particular, entre 150 000 y 200 000 trabajadores agrícolas temporales y migrantes que provienen de otros estados para trabajar en Florida cada año. El 47% de los trabajadores agrícolas y afines en Florida no tienen un estatus migratorio documentado. La regla también impone una sanción penal de cinco años de prisión y una multa de hasta $5,000 para los inmigrantes que usen documentos falsos o los documentos de otra persona para conseguir un trabajo.