20/06/2023
El Consejero de Seguridad Nacional de Ecuador, Paco Moncayo, renunció el lunes, luego de dos meses en el cargo, al considerar que había cumplido su misión de dotar al país de las herramientas para "derrotar las múltiples amenazas" que preocupan especialmente a la población.
La renuncia de Moncayo se produjo en momentos en que el gobierno anunciaba éxitos en la seguridad de los ciudadanos, y horas después de un violento enfrentamiento entre los habitantes de la zona de Quito y los perpetradores, que generó gran preocupación pública.
Ecuador, que sufre en los últimos dos años una escalada de violencia atribuida a bandas criminales, trata de librarse de este flagelo, que provoca a diario robos, atentados y asesinatos, entre otros delitos.
Moncayo, ex general del Ejército, asumió en abril pasado como asesor de seguridad a pedido del presidente Guillermo Lasso para contrarrestar los embates de la delincuencia y el crimen organizado.
En su carta de dimisión, Moncayo aseguró que, durante su mandato, contribuyó a la adopción de decisiones que permitieran "disponer de una doctrina de seguridad nacional democrática y renovada" y dejó la puerta abierta a que el presidente cuente con él en la futuro "con honor".
También atribuyó la falta de seguridad a una supuesta "conspiración política abierta" de grupos vinculados a lo que llamó "un proyecto autoritario y antidemocrático liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017)".
Esta doctrina ha sido esgrimida por diversos círculos políticos de derecha que se oponen al posible retorno al poder del correísmo, al que acusan de populismo e incitación a la corrupción en su gestión.
De hecho, Correa, quien vive en Bélgica, fue sentenciado a ocho años de prisión por cohecho en un llamado caso de cohecho, donde niega las acusaciones y cree que se trata de una persecución política a través del sistema judicial (law fare).
Tras presentar la renuncia, está fue aceptada por Lasso,en medio de la fuerte crisis que atraviesa el país. Considerando que se encuentra en un período de emergencia de elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para el 20 de agosto.
La elección se produjo después de que Lasso invocara en mayo la llamada "Muerte Cruzada", un procedimiento constitucional excepcional que le permitía disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas para gobernar por decreto hasta que se formara una nueva Asamblea Legislativa.
Con la ayuda de esta medida, Lasso evitó la posibilidad de su expulsión de la Asamblea Legislativa, que en mayo del año pasado se disponía a aprobar una moción de censura contra él, acusado de presunto desfalco en una empresa estatal.
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