31/10/2022
Durante la jornada de ayer, tuvo lugar el cierre su 78ª Asamblea General en Madrid con la presentación de las conclusiones tras cuatro días de reuniones. Las cuales comenzaron el pasado 27 de octubre y culminaron el pasado domingo.
Varias cuestiones, fueron analizadas durante estas reuniones, donde temas como la censura, persecuciones, asesinatos, pero también la pérdida de sostenibilidad de las empresas tras la pandemia y el avance de las grandes plataformas constituyen una mezcla que debilita la democracia en las Américas, la cual a día de hoy necesita más que nunca un periodismo fortalecido y protegido por la sociedad.
Según las conclusiones a las que ha llegado durante la 78° Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) llevada a cabo en Madrid desde el jueves. Establece que en América existe un preocupante y franco retroceso de la libertad de prensa, el cual se hace evidente, en el aumento de los asesinatos de periodistas, así como en la intensificación de prácticas de persecución y criminalización judicial que desembocan en detenciones y exilios de integrantes de los medios del continente, concluyó el SIP.
Asimismo, estableció que han sido asesinados 25 periodistas, en los últimos seis meses y la cifra asciende si se tiene en cuenta desde la última asamblea (la 77ª, realizada en octubre de 2021), los cuales daría un número de 40. Dicho número generó indignación entre los más de 200 editores de medios que asistieron a dicho evento.
Ante esto, México fue el país con mayor número de víctimas, donde se contabilizaron 11 homicidios de periodistas y trabajadores de medios desde abril último, sin que las autoridades de esa nación hayan logrado combatir de forma eficaz esta dolorosa tragedia. Por otro lado, se han registrado asesinatos en otros países, los cuales fueron considerados como total impunidad, en países como Colombia (3), Haití (3), Ecuador (2), Honduras (2), Estados Unidos (1), Paraguay (1), Brasil (1) y Chile (1).
Entre tanto, durante el evento, se hizo la entrega del Gran Premio Libertad de Prensa de la SIP, en calidad de homenaje póstumo, a 20 periodistas que fueron asesinados en México durante los últimos 12 meses. Por otro lado, la asamblea instó a que las autoridades y los gobiernos, asignen prioridad a las investigaciones, para así capturar a los culpables de los asesinatos de periodistas en la región.
Como así también, ha solicitado que se garanticen la protección del personal de prensa, tema que también fue discutido durante las sesiones, en busca de crear mecanismos adicionales y sistemas que contribuyan a fortalecer la seguridad de los integrantes de los medios en condiciones de riesgo. En ese aspecto ha instado a garantizar la protección y fortalecer la seguridad de los medios en condiciones de riesgo, como los que están asumiendo Ecuador y Paraguay, a los que se sumarán los de Brasil, Colombia, Honduras y México.
No obstante, señaló que otra situación tiene lugar además de los asesinatos que atentan con silenciar las voces de una prensa libre, investigadora, que denuncia y cuestiona. La cual es la intimidación y criminalización judicial que lleva ha hecho que 29 periodistas deban exiliarse y 15 fueron enviados a prisión, bajo condiciones infrahumanas, donde mantienen sus expedientes en curso o por condenas dictadas sin juicios justos.
Desde los que se contabilizan casos como en Nicaragua, "sigue siendo el más alarmante": Seis periodistas están en prisión, dos trabajadores del diario La Prensa están detenidos y 15 exiliados, con lo que ya son 150 en cuatro años. El gobierno continuó cerrando medios, entre ellos varias radioemisoras de la Iglesia Católica y cortó la señal de CNN en español, según afirmaron.
Cuba fue considerado otro "protagonista crítico de exilios y detenciones"; la isla mantiene encarcelados a un periodista y dos influencers, cuatro ciudadanos están detenidos por criticar al gobierno en redes, tres comunicadores independientes se exiliaron y a otros 20 "se les ofertó salir con la amenaza de no regresar".
Entre otras resoluciones, se encuentran países como Nicaragua, Haití, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay y Venezuela, en la que se condena "la represión sistemática a la prensa independiente" y el hostigamiento que "ahogan a diario la libertad de expresión", exigiendo a sus mandatarios "respeto a la prensa extranjera que busca acceso a las fuentes informativas".
En El Salvador, se han conocido los casos de dos periodistas presos y 10 más se han ido; según detallaron debido a la hostilidad del gobierno de Nayib Bukele, puesto que el estado de excepción decretado para combatir a las pandillas ha generado "autocensura de las fuentes informativas".
Por su parte, Venezuela ha cerrado 41 radioemisoras y ha intensificado "su ofensiva contra el libre acceso de la información", generando bloqueos webs de medios nacionales e internacionales y creando incluso una "controversia" con Movistar por dar cumplimiento a "intervenciones antidemocráticas" ordenadas por el gobierno.
Ante estas situaciones, se realizó un llamado para que los periodistas en riesgo, puedan acogerse al programa de Reporteros Sin Fronteras España con el Ayuntamiento de Madrid, que les brinda formación y apoyo.
Sin embargo, entre las preocupaciones vigentes, se encuentra un serio deterioro en las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico. Dichas cuestiones, le son atribuidas por el avance del narcotráfico y el fenómeno de su transversalidad que abarca a varios países. Las denuncias de amenazas y hostigamientos contra la prensa bajo ese contexto se registraron especialmente en México, Colombia, Ecuador, Argentina y Paraguay.
Como así también, se advirtieron conductas de estigmatización del periodismo y las campañas de desprestigio, dirigidas desde gobiernos, sus aliados y movimientos políticos. Los cuales se han extendido incluso, a través de ataques dirigidos desde las redes sociales. Los casos de mayor intensidad en este frente se registraron en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Nicaragua. También se han registrado en las campañas presidenciales de Colombia y Brasil desembocó en este tipo de hostilidad contra periodistas y medios.
Según detallaron, la incitación a los discursos de odio en el ecosistema digital afecta prácticamente a toda la región, al punto que hasta en Canadá, con lo cual las organizaciones de periodistas reclamaron al gobierno tomar acciones contra sus plataformas y redes sociales, con el propósito de que frenen la circulación de mensajes violentos contra los medios y sus integrantes.
Como en el caso de Cuba, que genera temor el reciente Código Penal, el cual aumenta los castigos, que incluyen prisión, por el delito de desacato en casos de ofensas o críticas contra miembros del gobierno. También, en Chile hay alerta por la decisión de la presidencia de Gabriel Boric de crear una comisión que contempla definir estándares sobre la "regulación del sistema de medios" y definir "el derecho a la libertad de expresión y de prensa". Además se tiene conocimiento del borrador de un proyecto de ley en Colombia que establece restricciones a la libertad de prensa en el marco de una iniciativa para promover la pluralidad de medios comunitarios también despierta preocupación.
Por su parte, Guatemala y República Dominicana archivaron leyes sobre ciberdelincuencia con mordazas a la prensa, mientras que Honduras derogó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, que incluía obstáculos para acceder a información pública.
Asimismo, el Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa ha confirmado "la situación crítica": sin libertad de expresión están Cuba, Venezuela y Nicaragua y sólo Canadá y Jamaica están en la franja de libertad plena. Por su parte, en Colombia, Perú, Argentina, Honduras, Ecuador, Brasil, Bolivia, México y El Salvador la restricción es parcial, en Guatemala es alta. En el resto es baja.
"La compleja situación de quienes ejercen el periodismo, la pérdida de sostenibilidad de numerosas empresas de prensa por los efectos de la pandemia y el avance de las grandes plataformas globales y la consolidación en varios países de los poderes políticos autocráticos, limitan el papel de investigación y fiscalización de la prensa", sostiene la SIP.
Cabe señalar que, ante esto, los editores han pedido a las plataformas digitales que remuneren a los medios de "forma justa, razonable y equitativa" por sus contenidos". Según establecieron, todos estos factores, en suma, "constituyen hoy una mezcla de elementos que debilitan las democracias de las Américas, una región que hoy más que nunca necesita de un periodismo fortalecido y protegido por la sociedad"".
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