13/10/2022
La investigación fue anunciada el pasado martes, por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien presentó una denuncia constitucional que lo acusa por la presunta vinculación con una organización criminal, tráfico de influencias y colusión en el marco de los casos Puente Tarata y Petroperú.
No obstante, su abogado Benji Espinoza aseguró que presentará una tutela de derechos y recurrirán al Tribunal Constitucional, para dejar sin efecto la indagación, tras haber alegado que dichos crímenes no están establecidos dentro del artículo 117 de la Constitución. Asimismo, esta defensa legal, por parte de Castillo, forma parte de una serie de acciones que ya habían tomado en el pasado.
Ante esto, el presidente Catillo presentó una nueva acción de amparo, con el fin de detener las investigaciones y las mociones que se preparan en su contra. Dicho documento fue dirigido al juez constitucional de la Corte Superior de Lima. En dicha petición, solicita que se declare la nulidad de lo actuado por la Comisión de Fiscalización del Parlamento, donde se le investiga por supuestamente pertenecer y ser el jefe de una organización criminal.
Puesto que, como es de público conocimiento, este grupo de trabajo está presidido por Héctor Ventura de la bancada de Fuerza Popular. Entre tanto, el jefe de Estado también pide que se declare la nulidad de la tercera moción de vacancia presidencial promovida por los congresistas Edward Málaga, Carlos Anderson, Diego Bazán, Adriana Tudela y Karol Paredes.
Cabe señalar que, también solicita la nulidad de la acusación constitucional por el supuesto delito de traición a la Patria que se ventila en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento. En el documento establece que Lourdes Flores Nano, Fernán Altuve, Ángel Delgado, Hugo Guerra, y César Vignolo están en sibilina colusión con el grupo de trabajo que preside Lady Camones.
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