16/04/2026

Comunidad

Panamá: más de 15.000 desplazados por el cambio climático y alerta por el avance del fenómeno

Más de 15.400 personas fueron desplazadas en Panamá entre 2012 y 2024 como consecuencia directa de eventos climáticos extremos, según el primer diagnóstico oficial sobre movilidad humana vinculada al cambio climático presentado por el Ministerio de Ambiente.

El informe, impulsado junto al Comité Nacional de Cambio Climático, identifica a inundaciones, tormentas, deslizamientos y el aumento del nivel del mar como los principales factores que están forzando el desplazamiento interno, especialmente en comunidades rurales, costeras e indígenas.

La investigación también advierte que no se trata únicamente de fenómenos repentinos. Procesos de evolución lenta, como la suba sostenida del mar y las sequías prolongadas, están modificando de forma estructural las condiciones de vida y obligando a relocalizaciones permanentes.

Uno de los casos más emblemáticos se registró en la comarca de Guna Yala, donde en 2025 unas 1.200 personas de la comunidad de Cartí Sugdupu iniciaron un traslado hacia tierra firme, en la urbanización Nuevo Cartí. Se trata del primer desplazamiento planificado por cambio climático en el país, impulsado por el avance del mar sobre la isla.

En paralelo, eventos como los huracanes Eta e Iota dejaron antecedentes recientes de desplazamientos masivos en regiones como Chiriquí y Bocas del Toro, evidenciando la recurrencia y el impacto creciente de estos fenómenos.

Frente a este escenario, el Gobierno presentó el Protocolo Nacional de Reubicaciones Planificadas, una herramienta que busca ordenar la respuesta estatal ante situaciones en las que ya no es viable garantizar la permanencia de las comunidades en sus territorios.

El esquema establece que la reubicación será la última alternativa, priorizando primero medidas de adaptación local. El objetivo es evitar traslados forzados y asegurar que, cuando ocurran, se realicen bajo condiciones dignas, sostenibles y con planificación previa.

El informe también alerta sobre las consecuencias sociales del fenómeno. La movilidad climática no solo implica la pérdida del territorio, sino también impactos en la identidad cultural, la economía local y la cohesión comunitaria, especialmente en pueblos indígenas.

Las autoridades reconocen que el país enfrenta una nueva etapa en la gestión del riesgo climático, con un enfoque basado en datos y planificación anticipada. En ese marco, se abrió un proceso de consulta pública hasta mayo de 2026 para definir la implementación del protocolo.

Las proyecciones oficiales coinciden en un punto: si no se refuerzan las medidas de adaptación, los desplazamientos internos seguirán en aumento, consolidando al cambio climático como uno de los principales factores de movilidad humana en el país.

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