Panamá investiga los casos de abuso sexual contra migrantes en puestos fronterizos del Darién

Ante las denuncias de ciudadanos irregulares, que transitan las líneas fronterizas, se iniciaron relatorías especiales de parte de expertos independientes de la ONU. En las cuales se establecen las condiciones “precarias e insalubres” de la recepción migratoria.

El gobierno de Panamá investigará los presuntos  casos de abusos sexuales de parte de  funcionarios contra migrantes irregulares, a cambio de facilitar su traslado hacia Costa Rica, después de que un relator de la ONU publicara los casos en un diario español. Es así que, por medio de un comunicado del Ministerio de Seguridad, que establece que, si hay indicios o denuncias formales, “el gobierno de Panamá llevará a cabo las investigaciones pertinentes hasta las últimas consecuencias”.

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La reacción del gobierno panameño se produce después de que el diario español El País publicara un documento de la ONU, donde se tomaron “graves vejámenes que habrían sido cometidos por parte de funcionarios del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras”.

Dicho documento, también establece que la Estación de Recepción de Migrantes de San Vicente (ERM), en la provincia de Darién, fueron solicitados “intercambios sexuales a las mujeres y niñas” que carecen de dinero para “afrontar los costes del transporte”  hasta la frontera con Costa Rica.  Según señaló, El País, también hay denuncias por “trabajos forzados” para poder pagar los 40 dólares que cuesta esa travesía.

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Entre tanto, el escrito de las relatorías especiales y expertos independientes hace énfasis en que, según la información recibida, en la ERM las personas migrantes “se encontrarían de facto privadas de libertad, al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades panameñas hacia la frontera con Costa Rica”. No obstante, establecieron, desde el gobierno páranmelo, que no existe “ninguna” denuncia formal.

Las autoridades, señalan que se han atendido “toda denuncia presentada” por los migrantes y “en ninguna de estas ha habido mención de la participación de funcionarios públicos panameños”.

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No obstante, Panamá rechazó “los señalamientos que tratan de desvirtuar la labor humanitaria” de las cuales sus entidades, quienes en conjunto con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, realizan “en favor de los migrantes” irregulares que llegan al país tras cruzar la selva del Darién en su viaje hacia Estados Unidos.

Esta frontera, tiene una dimensión de 266 km de largo y 575.000 hectáreas de superficie de selva, es una ruta plagada de peligros, como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales. Entre tanto,  esto no ha frenado a las 248.000 personas,  que han pasado por dicho sitio durante el año pasado, siendo un número récord, en comparación con los del año 2021(con 133.000).