Organizaciones en contra de la violencia incitan al gobierno boliviano a dialogar

La CIDH junto a la Relatoría están contra las agresiones ejercidas en diversos sectores durante las manifestaciones. Ante esto exige que las autoridades establezcan el diálogo.

Desde hace 13 días que el pueblo de Bolivia está viviendo momentos de extrema tensión. Ante el desacuerdo entre la población y el Gobierno de Luis Arce, las protestas, bloqueos y marchas se intensifican, dejando a la población dividida.  Ante los cercos de las organizaciones vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS) a Santa Cruz, la situación se profundiza y complica cada vez más.

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Ante estas tensiones, la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, establecieron su preocupación y rechazo.  Con lo cual, establecieron su desacuerdo y  preocupación a los actos de violencia  durante las protestas por el Censo de Población y Vivienda en Santa Cruz, Bolivia. Asimismo, solicitaron que el Estado intervenga y tome medidas para garantizar el derecho a la manifestación pacífica. El cual,  según los estándares interamericanos, pretende  fortalecer procesos de diálogo para atender las causas de las manifestaciones.

Por su parte, la CIDH, estableció que: “El Estado debe adoptar medidas para proteger a las personas que participan en todas las manifestaciones”, asimismo, continuó: “El hecho de que algunos grupos o personas cometan actos de violencia no vuelve per se violenta o ilegítima una protesta, ni permite a las autoridades públicas criminalizar en forma generalizada o a las fuerzas de seguridad acudir al uso de la fuerza o a detenciones masivas”.

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Sin embargo, la CIDH, ha registrado múltiples enfrentamientos entre sectores que apoyan el paro y quienes lo rechazan, dejando a varias personas heridas y una fallecida. Por otro lado, el pasado  2 de noviembre, la Defensoría del Pueblo informó sobre enfrentamientos entre civiles y efectivos policiales en el municipio de La Guardia.  En donde se reportaron un total de 8 detenciones, las cuales están siendo investigadas por delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, lesiones graves y leves y asociación delictuosa.

Como así también, se han conocido casos de agresión hacia periodistas, según manifestó la Defensoría. Entre las que se destacaron amenazas, discriminación y discursos estigmatizantés contra los trabajadores de prensa.  No obstante, la  CIDH y su Relatoría rechazaron todo acto de violencia en contextos de manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación por origen étnico-racial. Por lo que levantó un  llamado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables, garantizando el debido proceso legal.

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Entre tanto, dentro del territorio boliviano, la CIDH viene advirtiendo tensiones sociales históricas que pueden derivar en actos de violencia.  De las cuales ya se tienen varios registros y casos anteriores. Entre los que sobresalieron casos  de discriminación por origen étnico-racial y por motivos de género. Además, entre las problemáticas, gran parte del país se enfrenta  una seguridad alimentaria que cada vez se ve en riesgo. Debido al “cerco” y “bloqueos”, que fomentan el desabastecimiento, puesto que, sectores  afines al oficialismo en contra de la huelga por el censo poblacional en 2023, no permiten el ingreso de camiones.

Por su parte, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) emitió un comunicado, alegando que la cadena productiva y de abastecimiento de alimentos “está prácticamente paralizada”. Asegurando que: “Existen acciones visibles, como amenazas y amedrentamiento con toma de propiedades privadas, falta de circulación de combustible e insumos, el cerco al departamento de Santa Cruz, limitación de gas en la industria y restricciones a las exportaciones”.

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Entre tanto, desde el gremio detallaron que esto pone en riesgo la alimentación de las familias, puesto que: “A medida que la situación actual no se soluciona se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, presente y futura, y de ninguna manera es responsabilidad de los productores que en todo momento buscan el abastecimiento oportuno para toda la población nacional".

Cabe señalar que, en esto se reitera la importancia de canalizar el proceso de diálogo, para garantizar así el derecho de las personas y de los grupos de vulnerabilidad. Considerando que estas manifestaciones llevan casi dos semanas vigentes, presionando desde distintos puntos al gobierno con el propósito de que se genere el Censo 2023. El cual para lograr dicho objetivo, algunos sectores activaron un paro indefinido con bloqueos, el cual está comenzando a afectar a la población y generando un gran malestar.