24/12/2023
La orden de detención fue requerida por la jueza Mirtala Teresa Portillo de Cruz contra el expresidente y un grupo de exdiputados salvadoreños por encubrir el asesinato masivo más grande de Latinoamérica.
Si bien por el momento se desconoce el paradero del exmandatario (1989 -1994), el tribunal de El Salvador emitió una orden de "detención provisional", por el delito de "encubrimiento personal", ya que Cristiani impulsó una ley de amnistía que favoreció a los autores de la masacre. La jueza de Segunda Instancia, Mirtala Teresa Portillo de Cruz, apuntó contra el exjefe de Estado y el grupo de parlamentarios por "garantizar" la impunidad de los perpetradores de la matanza de El Mozote.
Además de Cristiani, el pedido de detención solicitado por Portillo Cruz incluye también a los ex directivos del Congreso salvadoreño: Luis Roberto Angulo Samayoa, Rubén Ignacio Zamora Rivas, Raúl Manuel Somoza Alfaro y Raúl Antonio Peña Flores, y a quienes en ese momento desempeñaban funciones como diputados, René Flores Aquino y Ernesto Taufik Kury Aspridis.
"Dicho instrumento jurídico se emitió con la aquiescencia del imputado Alfredo Félix Cristlani Burkard, quien fungía como presidente de la República, quien sancionó y ordenó su publicación para convertir la misma en un instrumento de carácter obligatorio", expresa la resolución de la jueza, Mirtala Teresa Portillo de Cruz sobre la ley de amnistía promulgada durante el mandato de Cristiani.
Cabe mencionar que la orden de detención por la matanza de El Mozote no es la única que pesa en contra del expresidente salvadoreño quién también ha sido requerido por su participación en el asesinato de seis sacerdotes católicos y dos colaboradoras, además de varias acusaciones de corrupción que pesan en contra del exmandatario perteneciente al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
La masacre de El Mozote es el asesinato masivo más grande de Latinoamérica, perpetrado por el Ejército salvadoreño que durante la denominada "Operación Rescate" arremetió contra la población del noreste del departamento de Morazán, a quienes acusó de colaborar con, por entonces, la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FML). De acuerdo con relevamientos finales realizados por el Gobierno de El Salvador, el saldo final de esa masacre fue de 988 personas muertas, más de la mitad de ellos, niños.
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