Noboa decreta estado de excepción en diez provincias por la radicalización de las protestas indígenas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción en diez provincias ante el aumento de la violencia durante las protestas lideradas por organizaciones indígenas. La medida, vigente por sesenta días, busca controlar los bloqueos, garantizar la circulación y restablecer el orden público tras casi dos semanas de movilizaciones.

Las provincias afectadas son Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. En esas zonas, se suspenden temporalmente los derechos de reunión y manifestación cuando impliquen riesgos para la seguridad o el funcionamiento de los servicios esenciales. Noboa ordenó además la movilización de fuerzas militares y policiales para custodiar carreteras y centros estratégicos.

El mandatario justificó la decisión al afirmar que las protestas "han rebasado los límites del ejercicio legítimo del derecho a la resistencia". Según datos oficiales, las manifestaciones han dejado un fallecido, más de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos. También se reportaron agresiones y secuestros de uniformados, hechos que el gobierno atribuye a grupos radicalizados.

La decisión del Ejecutivo se conoció luego de que la Corte Constitucional anulara parcialmente un decreto anterior, lo que generó mayor tensión entre el gobierno y el movimiento indígena. Desde Chimborazo, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, advirtió que las comunidades podrían intensificar las protestas y marchar hacia Quito si no se restablecen los subsidios al diésel.

Entre las exigencias centrales de la Conaie figuran la reducción del IVA, mayor inversión en salud y educación, la liberación de detenidos por terrorismo y una reparación para la familia de un manifestante muerto en Imbabura. La organización sostiene que el fallecimiento fue consecuencia directa de la represión estatal.

El gobierno, por su parte, ha descartado negociar la restitución del subsidio a los combustibles, argumentando que el beneficio ha favorecido al contrabando y a la minería ilegal. Mientras tanto, continúan los cortes de ruta y el paro nacional, reflejando un escenario de tensión creciente entre el Ejecutivo y las comunidades indígenas.