Nicaragua refuerza la represión y persigue a quienes celebran la detención de Maduro

El gobierno de Nicaragua profundizó su política represiva luego de la detención del ex presidente venezolano Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero en Caracas durante un operativo militar encabezado por Estados Unidos. Según denuncias de periodistas y medios independientes, al menos una quincena de personas habría sido arrestada por expresar en redes sociales opiniones favorables o celebratorias respecto a ese hecho.

El periodista nicaragüense Miguel Mendoza afirmó haber recibido información sobre detenciones en la provincia de Chontales, donde ciudadanos fueron señalados por manifestar públicamente su reacción ante la caída del ex mandatario venezolano. Entre los casos denunciados figura también la detención del periodista Oswaldo Rocha, acusado de realizar comentarios vinculados al episodio.

De acuerdo con reportes de la plataforma 100% Noticias, la ofensiva incluye arrestos selectivos y una escalada de persecución política destinada a silenciar cualquier expresión que se aparte del discurso oficial. Las detenciones se enmarcan en un contexto de creciente control social y vigilancia estatal.

La reacción oficial del régimen de Ortega y Murillo fue tardía y moderada en comparación con pronunciamientos anteriores. Tras más de medio día sin declaraciones públicas, el gobierno emitió un comunicado en el que reclamó la liberación de Maduro y de su esposa Cilia Flores, sin anunciar medidas diplomáticas concretas ni recurrir a la retórica confrontativa habitual contra Washington.

Sin embargo, en el plano interno, la respuesta fue más severa. Medios locales denunciaron que empleados públicos recibieron órdenes de manifestar apoyo explícito a Maduro en redes sociales personales. La consigna transmitida fue clara: la ausencia de publicaciones o pronunciamientos sería interpretada como un acto de traición política.

Mensajes distribuidos entre trabajadores estatales advierten que "el silencio es traición" y exhortan a compartir imágenes y consignas difundidas por cuentas oficialistas. Docentes, empleados municipales y funcionarios de distintas áreas replicaron estos contenidos en estados de WhatsApp y perfiles personales como forma de evitar represalias.

En paralelo, organizaciones afines al oficialismo difundieron comunicados atacando a quienes celebraron la detención de Maduro, acusándolos de criticar al gobierno mientras reciben beneficios de programas estatales. Estos mensajes refuerzan la narrativa de lealtad obligatoria que atraviesa la estructura del Estado nicaragüense.

Tras los acontecimientos en Venezuela, el régimen también reforzó el despliegue policial y militar. Se reportaron patrullajes conjuntos en barrios, edificios públicos y zonas urbanas de Managua, así como un aumento de la presencia de fuerzas de seguridad en puertos y costas del país.

Según denuncias periodísticas, estructuras partidarias y organismos de inteligencia fueron activados para monitorear conductas, comentarios y movimientos de ciudadanos críticos, profundizando un esquema de vigilancia política ya existente.

Este endurecimiento ocurre a pocos días del 10 de enero, fecha en la que el régimen Ortega-Murillo cumple 19 años consecutivos en el poder y prevé realizar movilizaciones oficiales para conmemorar el aniversario, en un clima marcado por el temor, la represión y la falta de libertades civiles.