Laura Fernández gana las elecciones presidenciales en Costa Rica y evita el balotaje

San José, Costa Rica - Costa Rica eligió este domingo a su próxima presidenta. La candidata oficialista Laura Fernández resultó ganadora de las elecciones presidenciales al superar el umbral legal del 40% de los votos, lo que le permitió evitar una segunda vuelta, según datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con más del 80% de las mesas escrutadas.

Fernández obtuvo cerca del 49% de los sufragios, mientras que su principal competidor, el economista Álvaro Ramos, alcanzó aproximadamente el 33%. El resultado se dio tras una jornada electoral de más de 12 horas, en la que participaron casi cuatro millones de ciudadanos, quienes también eligieron a los nuevos integrantes de la Asamblea Legislativa.

Un proceso electoral validado por el sistema institucional

Las elecciones se desarrollaron bajo la supervisión del TSE, uno de los organismos electorales con mayor reconocimiento regional por su independencia y transparencia. Hasta el momento, no se registraron denuncias verificadas de fraude ni irregularidades estructurales, ni observaciones negativas por parte de organismos internacionales o misiones de observación.

De acuerdo con la legislación costarricense, un candidato puede ser proclamado presidente en primera vuelta si supera el 40% de los votos válidos, requisito que Fernández cumplió conforme al escrutinio oficial.

Seguridad y criminalidad: el eje del debate electoral

El contexto electoral estuvo atravesado por la preocupación ciudadana por el aumento de la violencia, en particular los delitos vinculados al narcotráfico. Según datos oficiales, siete de cada diez homicidios en Costa Rica están relacionados con el crimen organizado, una situación que ha marcado un cambio significativo en la agenda pública del país.

Durante la campaña, Fernández propuso endurecer las políticas de seguridad, reforzar el sistema penitenciario y aumentar las penas para delitos graves. Estas propuestas se inscriben dentro de un debate regional más amplio sobre cómo enfrentar el crimen organizado, sin que ello implique automáticamente cambios en el sistema democrático.