La represión digital del régimen nicaragüense profundiza el exilio de periodistas y vacía de información al país

La situación de la libertad de expresión en Nicaragua atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el inicio de la represión estatal en 2018. Según un informe reciente de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), el Gobierno profundizó durante 2025 una estrategia de persecución centrada en el plano digital, lo que aceleró el éxodo de periodistas y debilitó aún más el ecosistema informativo del país.

Desde el comienzo del endurecimiento represivo, 309 periodistas se vieron forzados a abandonar Nicaragua y cerca de 50 medios de comunicación cerraron sus puertas. El fenómeno no se detuvo: solo en 2025, al menos 26 trabajadores de prensa partieron al exilio para resguardar su seguridad personal.

El traslado de la censura al ámbito digital

El informe de la FLED registró 115 violaciones a la libertad de prensa durante 2025, un aumento significativo respecto de las 81 documentadas en 2024. La mayoría de los ataques se produjeron en el entorno digital, donde se multiplicaron las amenazas, los discursos estigmatizantes y las campañas de desprestigio contra periodistas y medios críticos.

El 74% de las agresiones correspondió a ataques verbales, escritos o digitales, mientras que un 13% estuvo vinculado a mensajes provenientes de estructuras oficiales o paraestatales. Redes sociales y plataformas digitales oficialistas se consolidaron como espacios de intimidación sistemática, dificultando la denuncia pública y fomentando la autocensura.

Desde la FLED advirtieron que estas prácticas amplían el control estatal sobre la circulación de información y reducen el margen de acción de la prensa independiente, especialmente dentro del territorio nicaragüense.

Apatridia y bloqueo migratorio

Otra de las herramientas señaladas por el informe es el uso discrecional del control migratorio. En al menos cuatro casos documentados durante 2025, periodistas que intentaron regresar al país tras viajes al exterior fueron interceptados en frontera y se les negó el reingreso, quedando en una situación de apatridia de facto.

Estas medidas, sumadas a la persecución constante, consolidan un escenario de expulsión indirecta de voces críticas, sin necesidad de detenciones masivas o cierres formales de medios.

Desiertos informativos y precarización

El impacto del exilio y la clausura de medios se refleja en el mapa informativo del país. De acuerdo con la FLED, el 65% del territorio nacional se encuentra bajo control informativo del régimen, sin presencia de medios independientes en amplias regiones. Esto dio lugar a lo que la organización define como "desiertos informativos", donde la población solo accede a versiones oficiales de la realidad.

A este panorama se suma la precarización laboral de los periodistas exiliados, agravada por la reducción de fondos de cooperación internacional. Muchos trabajadores de prensa debieron buscar empleos alternativos, con consecuencias directas sobre su salud física y mental.

Un discurso oficial de criminalización

El régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo sostiene que la prensa independiente actúa con fines desestabilizadores y responde a intereses extranjeros, en particular de Estados Unidos. Ese discurso oficial profundizó la criminalización del periodismo y legitimó nuevas formas de hostigamiento.

El clima de temor se intensificó tras el asesinato en Costa Rica del exmilitar nicaragüense exiliado Roberto Samcam, un hecho que encendió alarmas entre periodistas desplazados y reforzó la percepción de que la persecución puede extenderse más allá de las fronteras nacionales.

El informe concluye que la represión digital, el exilio forzado y el control migratorio conforman una política sistemática destinada a silenciar a la prensa independiente y consolidar el control absoluto de la información en Nicaragua.