La minería ilegal es considerada una amenaza a la seguridad estatal en Ecuador

Por medio de una resolución del Consejo de Seguridad Pública del Estado, establecerá un decreto que determinará las acciones para combatirla.  La resolución, llegó ante el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que aseguró respaldar a la minería legal.

La minería ilegal toma el control en el Ecuador, en el 2022 se realizó varios operativos, en la provincia del Napo se ha registrado varios deterioros ambientales en la Amazonía. Ante esto, el  Secretario de Seguridad ecuatoriano, Diego Ordóñez, indicó que el presidente Guillermo Lasso, establecerá un decreto ejecutivo con las acciones que la fuerza pública y otras instituciones implementarán para combatir esta amenaza.

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El funcionario afirmó que esta actividad genera “daños ambientales y precariza el trabajo en las zonas donde hay esta actividad”, haciendo referencia a las provincias como Morona Santiago, Zamora Chinchipe, El Oro, Esmeraldas, Loja, Sucumbíos y Azuay, por lo que señaló la importancia de haber resuelto respaldar a las concesiones mineras legales para que puedan ejercer sus actividades.

Asimismo, el secretario de seguridad ecuatoriano, también dijo que existen “personajes con agenda política pretendan afectar la posibilidad de que estas actividades productivas aporten al desarrollo al país”. Aunque, para Ordóñez, “es fundamental entender que hay declaraciones de un dirigente de movimientos sociales indicando que impedirán a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que hagan actividades de protección en estas zonas”, señaló.

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Desde el momento  que se emitió el anuncio, los operativos contra esa actividad ilegal se incrementarán en el país. Estos tendrán el respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. También con la participación activa de las entidades encargadas de la administración de recursos energéticos y de la protección de la naturaleza, administradas por los espacios gubernamentales.

Ante esto, la Conaie resolvió la activación de las guardias indígenas y comunitarias “para defender el patrimonio de los ecuatorianos amenazados por el capitalismo minero y las transnacionales”. Con lo cual, Ordóñez dijo que el “Estado es uno solo y debe ser resguardado en su integridad por las Fuerzas Armadas, y no existe la posibilidad de que guardias privadas, que se llaman guardias indígenas o comunitarias, pretendan reemplazar el rol de la fuerza pública, que tiene por definición el uso legítimo de la fuerza”.

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Cabe señalar que, en diciembre de 2021, la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Agencia Espacial de Colombia presentaron el estudio Diagnóstico Ambiental Andino que, indicó que uno de los principales problemas ambientales que afecta al Ecuador es la minería ilegal.

El mismo, estableció un estado de situación de la región, en lo referido a la producción y fuentes de información, indicadores, políticas públicas, estudios especializados y programas de desarrollo, según indicó la CAN en un boletín oficial. Dicho documento, también sugiere directrices para que los países de la CAN adopten acciones en conjunto que conlleven al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros tratados internacionales.

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Puesto que, según los registros, la  minería ilegal en Ecuador ha afectado a distintas poblaciones. Las consecuencias más visibles han sucedido en Zaruma, una ciudad declarada como Patrimonio del Estado ecuatoriano en 1990 por sus edificaciones de gran valor arquitectónico. Esta pequeña ciudad, está habitada por 24 mil habitantes, ahora se hunde porque hay túneles debajo de la urbe que fueron excavados para realizar actividades de minería ilegal.