02/07/2023
Al menos 46 mujeres fueron asesinadas en una prisión hondureña a finales de junio. La tercera y más mortífera masacre en la historia carcelaria del país centroamericano ha exacerbado la crisis de seguridad, una vez más expuso la corrupción estatal y devolvió a las fuerzas armadas al frente de la seguridad pública.
La presidenta Xiomara Castro se rodeó de uniformados en un salón del palacio presidencial en Tegucigalpa dos noches después de la masacre en Tamara, la principal cárcel de mujeres del país, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital. Para entonces, horas después de la masacre, Castro había despedido a su secretario de seguridad, reorganizado la dirección de la fuerza pública, disuelto la comisión especial de limpieza de las cárceles y devuelto a los militares todo el poder que tenían durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos a la espera de juicio por narcotráfico.
La masacre en Tamar ocurrió la noche del martes 20 de junio. Las primeras pistas filtradas por la policía a los principales medios de comunicación hondureños indicaban que un grupo de mujeres pandilleras del Barrio 18 planeaba un ataque contra los presos de la MS13, organización opositora pandilla. Los atacantes dispararon con armas de grueso calibre a algunas de sus víctimas y prendieron fuego a dos colchones, lo que provocó un incendio que quemó a varios presos. La reacción del presidente Castro siguió poco después.
Esa misma noche, el presidente Castro anunció la destitución de Ramón Sabillon, el general de la policía nacional que descubrió vínculos entre el expresidente Hernández y narcotraficantes a principios de la década pasada y a quien el nuevo presidente puso a cargo de la seguridad pública. En su lugar, Castro colocó a un grupo de soldados anticuados, algunos de los cuales estaban conectados con el antiguo poder de Hernández.
La periodista Wendy Funes, quien ha estado siguiendo la transformación de la política de drogas en Honduras desde los primeros años del gobierno de Hernández, publicó con base en información de fuentes del aparato de seguridad hondureño que la masacre de Tamara fue el resultado de un boicot en uno de los sectores del ejército para recuperar el control del aparato de seguridad.
El detrás de escena de la masacre habla de un sistema penitenciario dirigido por organizaciones criminales, las fuerzas policiales involucradas y la falta de respuesta a tiempo del Estado, a pesar de que sus propios funcionarios les advirtieron del peligro.
Empezaron a tocar el corazón de los delincuentes en las cárceles, los trabajadores de cuello blanco, el crimen organizado intracarcelario, pero al final, junto con algunos policías, boicotearon el trabajo, dijo un funcionario hondureño que participó en el trabajo de la Comisión para inspeccionar centros penitenciarios en Honduras.
El 10 de abril, el presidente Castro dio vida al comité de auditoría y nombró encargada a Julissa Villanueva, subsecretaria de Estado de Seguridad Pública y exjefa del Servicio Nacional Forense. La primera misión de Villanueva fue desarmar a la mafia y requisar los arsenales que tenían en sus cárceles.
Villanueva solicitó por escrito al jefe de la Policía Nacional, Sabillon, que elabore un plan para "ejecutar, monitorear y evaluar un operativo de desarme general y simultáneo en todos los centros penitenciarios" del país. En un memorando de fecha 1 de mayo que contiene estas instrucciones, el Viceministro reiteró que la inestabilidad en las cárceles es provocada por las actividades de "grupos delictivos organizados que operan y se coordinan desde las propias cárceles".
Poco después, el 10 de mayo, el viceministro envió un nuevo memorando a la policía, esta vez con un plan detallado y de gran alcance para intervenir cuatro prisiones, incluida Tamara, una prisión de mujeres, con un operativo masivo en el que participaron 2.000 policías para proteger los perímetros de las prisiones el mapeo de las comunicaciones telefónicas y electrónicas, la intervención de zapadores y la destrucción de posibles vías de escape, entre otras medidas. Villanueva también pidió que los agentes que tuvieron contacto con los presos durante las intervenciones llevaran consigo cámaras en todo momento para "garantizar" los derechos humanos de los presos.
El segundo memorando de Villanueva, que se lee como un plan de intervención táctica, incluye 29 puntos que incluyen consideraciones, instrucciones, demandas y detalles de acciones específicas, además sugiere que los allanamientos que tenía en mente el funcionario serían masivos y podrían conducir a una confrontación con presos y presas que iban armados. Sin embargo, ni la policía ni otras estructuras del aparato de seguridad pública respondieron a las demandas del funcionario. Mientras tanto, en las cárceles, los mafiosos organizaron un ataque.
Nuestras fuentes mencionan que el crimen organizado ha estado tramando cárceles como parte de este juego (desestabilizador), dice el periodista Funes.
Días después de la masacre, el 26 de junio, el gobierno hondureño lanzó una elaborada campaña publicitaria a través de la televisión y las redes sociales de los funcionarios más poderosos de la administración para mostrar la participación militar y policial en Tamara. El despliegue incluyó videos de tropas alineadas, su avance coordinado hacia los penales y allanamientos, los mismos solicitados por la Comisión de Intervención y que la policía no había coordinado antes de la masacre.
Una de las principales medidas reportadas en informes gubernamentales y revelados en videos y fotos difundidas fue la intervención de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) en las cárceles. De hecho, la PMOP tomó el control de Tamara y otras prisiones un día después de la masacre. Fue una de las medidas más controvertidas en el contexto de esta crisis, en parte porque la policía militar había sido creada por el expresidente Hernández como una especie de Guardia Pretoriana que le reportaba directamente.
El 22 de junio, dos días después de la masacre, el presidente Castro anunció que la PMOP tomaría el control total de las cárceles a partir del 1 de julio. En el pasado, como candidato y antes como líder de la oposición política al expresidente Hernández, Castro ha criticado el papel de la policía militar en la seguridad pública.
Por eso querían que la policía militar intimidara a la gente y persiguiera a sus opositores, tuiteó Castro en 2015 después de un incidente violento en la ciudad nororiental de Juticalpa. Durante la campaña electoral, el político prometió devolver a los militares "a los cuarteles".
Hasta el momento, y con la muerte de 46 reclusos, el sistema penitenciario de Honduras ha vuelto a estar en manos de la policía militar, que ayudó a solidificar el poder del narcotráfico durante la presidencia, según investigaciones locales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Juan Orlando Hernández.
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