La macabra táctica de Daniel Ortega para infundir terror y silenciar a la oposición en Nicaragua

La represión política en Nicaragua ha adoptado una nueva y alarmante modalidad: las desapariciones forzadas. Esta práctica, que deja a las familias sin información ni amparo judicial, se ha convertido en un método de control y castigo bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En los últimos dos años, organizaciones internacionales registraron un aumento de arrestos sin notificación y detenciones sin rastro en los registros judiciales, en abierta violación del derecho internacional.

De acuerdo con informes de la ONU y relevamientos de organismos de derechos humanos, más de 120 personas permanecen desaparecidas. En varios casos, los detenidos fueron devueltos a sus familias sin vida. "El Estado detiene, oculta y niega información. Eso constituye una desaparición forzada", advirtió Barbara Frey, experta en derechos humanos citada por The New York Times.

Entre las víctimas figuran líderes comunitarios, periodistas, docentes, religiosos y exmilitares, algunos de ellos de edad avanzada o con enfermedades crónicas. En varias familias hubo arrestos múltiples, y los allegados denuncian hostigamiento y amenazas si insisten en reclamar. "Nos dijeron que si seguíamos preguntando, íbamos a correr la misma suerte", relató el hermano de un desaparecido en Managua.

El caso del coronel retirado Carlos Brenes Sánchez, opositor histórico detenido junto a su pareja en Jinotepe, ilustra el nivel de arbitrariedad. Su hija, Thelma Brenes, resumió el drama de cientos de familias: "Si no figuran en los registros, ¿cómo se prueba que existen prisioneros políticos en Nicaragua?".

La represión se apoya en un marco legal a medida. Desde 2021, la Asamblea Nacional -controlada por Ortega- amplió a 90 días el plazo de detención sin cargos, anulando en los hechos el derecho al habeas corpus. A la vez, el régimen cerró las organizaciones de derechos humanos y persiguió a abogados defensores, eliminando cualquier vía judicial.

Según el abogado exiliado Salvador Marenco, "ya no hay posibilidad de apelar ni de demostrar inocencia. Los tribunales y las comisarías son parte del mismo aparato de terror".

El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua advirtió que resulta imposible conocer los criterios detrás de las detenciones: "Es difícil saber por qué algunos son arrestados y otros desaparecen", señaló Reed Brody, integrante del organismo.

Desde las protestas de 2018, el régimen ha encarcelado o expulsado a casi toda la dirigencia opositora y cerrado más de 3.000 ONG. La ola reciente de desapariciones forzadas representa una nueva fase del control social, destinada a reinstalar el miedo y el silencio.

La práctica, que recuerda a las dictaduras latinoamericanas del siglo XX, se extiende hoy bajo ropajes legales y con la complicidad del aparato judicial. En palabras de María Adela Antokoletz, de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, "la aberrante desaparición forzada sigue siendo un medio para silenciar las denuncias y borrar a las víctimas de la historia".

En Nicaragua, el terror no se transmite solo con armas, sino con ausencias que nadie reconoce y nombres que desaparecen de los registros oficiales.