La fiscal de Guatemala queda fuera de la reelección en medio de cuestionamientos por corrupción

La decisión fue tomada por la comisión encargada de definir la nómina de candidatos, que finalmente no la incluyó entre los seis postulantes que serán elevados al presidente Bernardo Arévalo, quien deberá designar al nuevo fiscal general a partir del 17 de mayo.

Porras, de 72 años, había sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y de afectar el funcionamiento democrático. Un eventual tercer mandato le habría permitido conservar inmunidad frente a posibles causas judiciales.

Un proceso marcado por cuestionamientos

Aunque la fiscal encabezaba una evaluación técnica basada en experiencia y formación académica, la comisión optó por excluirla del listado final. La decisión se dio en un contexto de fuertes críticas a su gestión y de rechazo por parte del propio presidente Arévalo, quien ya la había calificado como una figura perjudicial para el país.

El mandatario expresó que espera que el próximo titular del Ministerio Público actúe con independencia y no proteja a actores involucrados en hechos de corrupción, además de reforzar el rol institucional de la Fiscalía.

Una gestión bajo polémica

Consuelo Porras ocupa el cargo desde 2018, tras haber sido designada durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Durante ese período, su gestión fue cuestionada por no avanzar en investigaciones contra funcionarios señalados por corrupción.

Además, impulsó procesos judiciales contra fiscales, jueces, periodistas y líderes sociales, varios de los cuales debieron abandonar el país. También fue señalada por intentar obstaculizar la asunción de Arévalo tras su victoria electoral.

Estas acciones motivaron sanciones internacionales por parte de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea, que la acusaron de debilitar la lucha contra la corrupción y el Estado de derecho.

Un escenario aún abierto

De los seis candidatos seleccionados para ocupar el cargo, al menos cuatro enfrentan objeciones de organizaciones sociales, que los vinculan con prácticas irregulares o cercanía con estructuras de poder cuestionadas.

En este contexto, la elección del próximo fiscal general se presenta como un punto clave para el futuro del sistema judicial en Guatemala.