La comunidad peruana en contra del Estado de emergencia decretado por el Gobierno

El Gobierno lo hizo oficial, durante un periodo de 30 días, se verán restringidos los  derechos básicos como libre tránsito, reunión, inviolabilidad del domicilio. Las Fuerzas Armadas ayudarán a la policía a mantener la seguridad.

La situación en Perú se ha vuelto una olla a presión, que puede explotar en cualquier momento. Parte del problema es el descontento social, tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo y la asunción de la actual mandataria Dina Boluarte.  Ante esto, la actual Jefa de Estado,  tomó una serie de medidas para contener la situación en el país sudamericano.

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Según los decretos supremos 141-2022-PCM y 142-2022-PCM publicados en la edición extraordinaria del diario El Peruano, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno, con la ayuda de las Fuerzas Armadas, y quedan suspendidos los derechos constitucionales.

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“Con los vecinos del distrito Santa Anita, nos hemos organizado,  para sumarnos a las protestas impulsadas por el pueblo. Porque Dina Boluarte, en lugar de dar soluciones solo ha empeorado la situación”, señaló Luis Vargas, un residente de Santa Anita, Lima. Quien además señaló que: “Esto es el resultado de la indignación de un pueblo que no se siente representado, por eso consideramos  Boluarte como una usurpadora del poder”.

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Por otro lado, Enrique Velázquez, señaló que: “En solo 4 días de protesta violenta, se han registrado alrededor de 120 policías heridos, cerca de 7 muertes, ataques, tomas y cierre de carreteras y aeropuertos; sin mencionar los incendios,  bloqueos y el constante atentado a la propiedad pública y privada. Cuándo entenderá el gobierno que lo que quiere el pueblo peruano es paz”.

Entre tanto, Alberto Otárola, desde el ministerio de Defensa,  anunció este miércoles la imposición por 30 días del estado de emergencia a nivel nacional en Perú. Este anuncio, surgió en el marco de los llamados de los movimientos sociales y gremiales del país para declarar un paro nacional indefinido; el cual tendrá vigencia hasta que el gobierno cumpla sus demandas, que incluyen la liberación del expresidente Castillo.

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Además, parte de la medida se respalda ante las constantes  manifestaciones y bloqueos de carreteras afectan a 13 de 24 regiones del país y han dejado desde el domingo siete muertos y decenas de heridos, entre civiles y policías. 

Cabe señalar que esta no fue la única decisión del gobierno, puesto que, horas antes de esta decisión la presidenta, anunció este miércoles, el adelantamiento de las elecciones  para diciembre del 2023, dado que hasta no hace mucho, había establecido que serían en abril del 2024. Ante esto, llamó a la calma y solicitó que se abran vías de diálogo, pero sin violencia.

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"Tenemos que mantenernos dentro del margen legal, dentro de la Constitución, salirse de esos marcos ya se convierte en ilegal [...] no depende de mí, (depende) del Congreso y el ente electoral", estableció en relación al pedido en las protestas. Además añadió que, como jefa de Estado, tiene "que ser responsable y decir que estos tiempos dependen del Congreso y del ente electoral, que va a llevar a cabo el adelanto de elecciones".