03/05/2023
Este miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó la violencia policial que fue registrada en Perú durante las manifestaciones tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo. Según la entidad, señaló que ha encontrado casos de ejecuciones extrajudiciales en Ayacucho.
Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, aseguró el organismo, con sede en Washington, en un extenso informe elaborado, respecto a la situación de los derechos humanos en el país. Además, añadió que la violencia en la localidad debe ser investigada con un enfoque étnico-racial. Y consideró que la situación podría ser considerada como una masacre.
En dicha situación, la violencia se contentó de peor manera en Ayacucho, sitio donde tuvo lugar una mortal protesta el pasado diciembre. Allí varios manifestantes trataron de tomar el aeropuerto. Lo que provocó que militares abrieron fuego contra ellos, según puede verse en numerosos videos difundidos en redes sociales. Ocho personas murieron y 26 fueron heridas.
Por otro lado, en Juliaca ocurrieron acontecimientos similares, donde 17 manifestantes murieron el pasado enero en enfrentamientos con la Policía. En esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas, aseguró la CIDH en su informe.
El organismo detalló que durante su investigación, que cubre el período entre el 7 de diciembre y el 23 de enero. La respuesta de las fuerzas estatales (a las protestas) no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos.
Asimismo, añade que: De la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo, añadió.
Es por ello que, la CIDH exige al Gobierno de Dina Boluarte que investigue estos casos de uso excesivo de la fuerza y haga lo posible por reparar a las víctimas. Es por ello, que el organismo elaboró una serie de acciones que el gobierno peruano podría implementar para paliar la crisis. Siendo la primera el diálogo con las partes afectadas, y en especial con los grupos indígenas, que reclaman una mayor participación política.
También, llamó a mejorar los protocolos de seguridad ciudadana para evitar futuros casos de uso excesivo de la fuerza. Y abogó por luchar contra la impunidad impulsando las capacidades del Ministerio Público, incrementando sus recursos. Por último, la CIDH pidió al Gobierno abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial.
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