Investigan a una red de policías y funcionarios por falsos allanamientos y robos en Ecuador

La Fiscalía de Ecuador amplió la investigación sobre una presunta red delictiva integrada por policías en servicio activo, funcionarios públicos y civiles que habrían ejecutado falsos allanamientos en varias ciudades. El caso se originó tras el robo de USD 100.000 en una vivienda de Manta, ocurrido el 22 de febrero de 2025, cuando un grupo armado ingresó con uniformes y credenciales institucionales simulando un operativo legal.

De acuerdo con el expediente, los implicados accedían a información sensible, utilizaban órdenes de allanamiento auténticas y replicaban la logística de un operativo antinarcóticos para encubrir los robos. La indagación, desarrollada durante nueve meses por la Fiscalía y Asuntos Internos, detectó además maniobras en Manabí, Guayas y provincias de la Sierra Centro.

El operativo Embestida 51, ejecutado el 14 de noviembre, derivó en la detención de varios involucrados. El entonces comandante de Manabí, coronel Wladimir Acurio, advirtió que no se trataba de un episodio aislado: las pesquisas señalan un esquema de apropiación de armas, dinero, municiones y droga, además de extorsiones a personas consideradas "objetivos".

Uno de los hallazgos relevantes involucra a Viviana Geomara C. C., funcionaria del Ministerio de Desarrollo Humano, señalada por haber estado presente durante las tres horas del falso allanamiento y por acompañar luego a uno de los capitanes investigados a bodegas en Montecristi. Aunque la Fiscalía la vincula directamente, un juez le concedió medidas sustitutivas por su rol procesal.

También fue procesado Christian Manuel C. R., ex policía y empleado del Municipio de Guayaquil, quien figura como supervisor en la Dirección de Aseo Cantonal. Su defensa alegó que su actividad laboral impedía su presencia simultánea en distintos puntos del país, pero el juez mantuvo las medidas cautelares.

La estructura incluye a siete policías, entre ellos dos capitanes. El capitán Luis Fernando V. B. permanece bajo prisión preventiva, mientras que el cabo segundo Christian Eduardo Ll. B. obtuvo medidas alternativas con presentaciones periódicas en Latacunga.

En total, 13 personas fueron procesadas: siete policías, cinco civiles, una funcionaria pública y un ex uniformado. Seis de los agentes quedaron en prisión preventiva. La Fiscalía sostiene que el grupo operaba con jerarquías definidas y capacidad para ejecutar allanamientos falsos con apoyo logístico institucional. Las investigaciones continúan para determinar si existen más casos vinculados a la organización.