Un informe elaborado por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) advirtió que Uruguay atraviesa un proceso de consolidación de la violencia homicida, asociado al crecimiento de bandas criminales vinculadas al microtráfico de drogas.
El estudio señala que durante 2025 se registraron 369 homicidios en el país, lo que representa una tasa de 10,3 asesinatos cada 100.000 habitantes. Según el análisis, estas cifras reflejan un nivel elevado de violencia letal que se mantiene estable en un piso alto dentro de la región.
La mayor parte de los homicidios se concentra en Montevideo, particularmente en barrios con fuerte presencia de economías ilegales. Entre las zonas con mayor incidencia se mencionan sectores de Casavalle, Cerro Norte, Villa del Cerro, La Teja, Tres Ombúes, Villa Española y Malvín Norte.
El informe describe a las organizaciones criminales locales como estructuras de escala barrial, con liderazgo centralizado y un número reducido de colaboradores. Estas bandas presentan un fuerte control territorial sobre determinados sectores urbanos y se disputan los circuitos del microtráfico.
Según la investigación, estas disputas generan balaceras, asesinatos y un uso frecuente de sicarios, lo que eleva el riesgo para la población que no participa en los conflictos.
Los especialistas también identificaron similitudes con la dinámica criminal registrada en Rosario, en Argentina, donde bandas fragmentadas compiten por el control de territorios y mercados de droga de pequeña y mediana escala.
No obstante, el estudio aclara que la comparación no implica equiparar las realidades de ambos lugares, sino identificar patrones comunes que permitan comprender cómo determinadas configuraciones urbanas y económicas favorecen la reproducción de la violencia.
Además del mercado interno de drogas, el informe advierte que Uruguay se encuentra cada vez más expuesto a circuitos internacionales del crimen organizado, especialmente por cargamentos de cocaína que utilizan el puerto de Montevideo como punto de tránsito hacia Europa.
Frente a este escenario, la fundación recomienda desarrollar un plan integral de seguridad pública que contemple las dimensiones sociales, económicas y territoriales del fenómeno, y que pueda adaptarse a la evolución de las organizaciones criminales.
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