Informe alerta sobre violencia y omisiones en los centros de protección de menores en Uruguay

Según el informe titulado Panorama de las infancias y adolescencias en mirada regional, los centros administrados por el INAU presentan capacidad de atención superada y personal insuficiente, lo que genera situaciones de maltrato físico y psicológico, separación de hermanos y salidas no autorizadas de los menores que se extienden durante meses. La institución advierte que estos problemas afectan directamente la protección y el desarrollo de los niños.

El documento resalta que los menores enfrentan dificultades para acceder a atención especializada, especialmente en salud mental y consumo problemático de drogas, y que las interrupciones en su trayectoria educativa aumentan el riesgo de captación por redes de tráfico. SUPERA señala también omisiones de los organismos estatales frente a adolescentes víctimas de explotación sexual y violencia en sus hogares.

El informe compara la situación actual con diagnósticos realizados hace 10 años, concluyendo que muchos problemas persisten, pero con agravantes: el número de menores institucionalizados ha crecido y los niños ingresan con un nivel de daño más elevado. En 2010, había 4.671 menores bajo cuidado del INAU; en 2024, la cifra ascendió a 7.832, colocando a Uruguay entre los países con mayor tasa de institucionalización en América Latina.

Los datos del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) indican que en 2024 se registraron 8.924 situaciones de violencia hacia menores, un promedio de 24 por día. La forma más frecuente de maltrato es emocional (38%), seguida de negligencia (23%), violencia sexual (22%) y maltrato físico (17%). La mayoría de los agresores son padres o familiares directos de los niños afectados.

La Inddhh advierte que el aumento de la institucionalización y la persistencia de violencia y omisiones contravienen las recomendaciones internacionales, que establecen que la reclusión en hogares debe ser la última medida de protección. La situación evidencia la necesidad urgente de políticas integrales que garanticen seguridad, atención profesional y condiciones adecuadas para la protección de la infancia en Uruguay.