Guatemala pone fin al programa de médicos cubanos tras casi tres décadas de vigencia

El gobierno de Guatemala anunció el fin del convenio que desde 1998 permitía el despliegue de médicos cubanos en zonas rurales y de difícil acceso del país. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que indicó que la medida responde a un "análisis técnico" orientado a fortalecer el sistema nacional y garantizar la continuidad de los servicios.

Según datos oficiales, actualmente trabajan en el país 412 profesionales de la salud cubanos, entre ellos 333 médicos, distribuidos en 16 de los 22 departamentos guatemaltecos. El personal incluye especialistas en oftalmología, pediatría, epidemiología y medicina interna.

El ministerio precisó que la salida del contingente extranjero será progresiva y que los puestos serán cubiertos con recurso humano nacional, en el marco de una estrategia de reorganización del sistema público.

Contexto internacional del programa

La cooperación médica cubana forma parte de una política de La Habana iniciada en la década de 1960 y ampliada en los años posteriores. Hasta 2025, el gobierno cubano informaba tener alrededor de 24.000 médicos y enfermeros desplegados en 56 países, bajo distintos convenios bilaterales.

El programa ha sido valorado por varios gobiernos como mecanismo de asistencia sanitaria en regiones con déficit de profesionales, aunque también ha sido cuestionado por Estados Unidos, que sostiene que constituye un instrumento de financiamiento estatal y de proyección política internacional de Cuba.

Momento político

La decisión guatemalteca se produce en un contexto regional marcado por tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana. En los últimos meses, la administración estadounidense volvió a manifestar objeciones a los acuerdos de cooperación médica cubana en distintos países de América Latina.

Hasta el momento, el gobierno de Guatemala no informó la fecha exacta de finalización total del programa ni el cronograma detallado de reemplazo del personal.

Con esta medida, el país centroamericano cierra un esquema de cooperación sanitaria que estuvo vigente durante casi tres décadas y que tuvo presencia sostenida en comunidades rurales y áreas con limitada cobertura médica estatal.