20/10/2023

Política

Guatemala: La Corte de Constitucionalidad blinda a Porras y se agudiza la crisis institucional

El máximo tribunal de Justicia guatemalteco amparó su decisión en una reforma a la carta orgánica de la institución que data del 2016.

En medio de las protestas que ya llevan más de dos semanas en reclamo de la renuncia de la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, el último jueves la Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó que la Fiscal General de la Nación no puede ser removida ni siquiera por decreto presidencial, debido a una reforma en la ley orgánica del organismo que data del año 2016.

La crisis institucional en Guatemala no avizora una salida próxima, y en ese sentido, la ratificación de la Corte de Constitucionalidad en su fallo, sobre la imposibilidad de remover a la titular del Ministerio Público, da por tierra con las esperanzas de los miles de manifestantes que participan de los bloqueos en las carreteras del país y que exigen la renuncia de Porras, del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana, a quienes identifican como principales responsables de la persecución contra Bernardo Arévalo.


El máximo tribunal de Justicia guatemalteco ampara su decisión en la reforma a la ley Orgánica del organismo judicial que tuvo lugar en el 2016, en donde se eliminó la posibilidad de que el Presidente pudiera remover a la titular de la Fiscalía General. De acuerdo con lo que esgrime la ley, Porras únicamente podría ser removida de su cargo si se comprueba que cometió un "delito doloso" durante el ejercicio de su función, y siempre y cuando además exista una sentencia condenatoria.

Anteriormente, en una reunión con los manifestantes, el propio Presidente del país, Alejandro Giammatei, había señalado que no podía destituir a Porras ya que estaba fuera de sus "posibilidades" hacerlo.

De esta forma, ante el atasco en el avance del proceso de transición y la continuidad de las protestas en todo el país, el Presidente electo, Bernardo Arévalo, convocó al diálogo a todos los actores políticos que estén comprometidos en buscar una salida pacífica a la crisis institucional que atraviesa la nación centroamericana, aunque de momento, y a pesar del apoyo recibido por la OEA, y por la comunidad internacional, no hay mayores expectativas de arribar a una pronta resolución de la situación.

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