Familia de Fernando Villavicencio denuncia demoras judiciales y presiona por avances en el caso del magnicidio

La familia del político asesinado Fernando Villavicencio volvió a cuestionar el accionar de la justicia ecuatoriana. Esta vez, su hija Tamia Villavicencio denunció formalmente a los tres magistrados de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Pichincha, acusándolos de haber incurrido en un "error inexcusable" por no resolver a tiempo una apelación clave en el caso.

La queja, presentada el 27 de octubre, apunta contra los jueces José Jiménez, Patlova Guerra y Wilson Lema, quienes -según la defensa- habrían retrasado indebidamente una audiencia de revisión de medidas cautelares contra los procesados José Serrano y Xavier Jordán, señalados como presuntos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio.

El eje de la controversia se centra en la decisión de los magistrados de inhibirse de conocer la audiencia, pese a haber convocado formalmente a la diligencia pocos días antes. Para la familia del ex candidato, esa actuación constituye una violación del debido proceso y de los principios de celeridad y competencia judicial.

En su presentación, Tamia Villavicencio citó artículos del Código Orgánico de la Función Judicial que prohíben retardar o denegar injustificadamente el despacho de causas, y señaló que la Sala habría interpretado erróneamente la figura del asesinato, incorporando elementos "arbitrarios" ajenos a la ley penal ecuatoriana.

La denuncia llega en un momento clave. Semanas atrás, la jueza penal Luz María Ortiz había ordenado prisión preventiva para Serrano y Jordán, además de solicitar a Interpol la emisión de notificaciones rojas para su captura internacional, tras la aparición de nuevos testimonios anticipados que los vinculan directamente con la planificación del crimen.

Para la familia Villavicencio, las demoras e irregularidades en el proceso amenazan con diluir la investigación sobre los autores intelectuales del atentado que conmocionó a Ecuador en 2023. Su reclamo busca no solo una sanción disciplinaria para los jueces, sino también garantizar que el caso avance sin interferencias.

"Queremos justicia efectiva, no excusas judiciales", afirmó Tamia Villavicencio en declaraciones recientes, marcando así el tono de una batalla que, más de dos años después del crimen, sigue enfrentando a la familia del político con el propio sistema judicial ecuatoriano.