28/12/2023

Política

Escándalo: JEP pidió arresto de la gobernadora del departamento del Cauca, en Colombia

La orden emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz también alcanza al subsecretario de seguridad del departamento, William Hernández Arias.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el arresto de Clara Luz Roldán, gobernadora del departamento del Valle del Cauca, por dos días, tras acusarla de no proteger de la manera en que correspondía, zonas denominadas de "interés forense", que podrían resultar útiles para hallar víctimas de desaparición forzada.

De acuerdo con lo señalado por la JEP, Roldán puso "en riesgo" la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del Acuerdo Final para la Paz, al no proteger de la manera en que correspondían, al menos a 36 cementerios en donde se hallaron cuerpos de personas que se encontraban desaparecidas. Además, la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó el arresto por cinco días de William Hernández Arias, quien ejerce como subsecretario de seguridad del departamento.

A través de un posteo en su cuenta de X, (antes Twitter) la JEP justificó la orden de arresto contra Roldán "Si bien la gobernadora del Valle actuó legalmente al delegar el cumplimiento de una orden judicial, falló en su deber de control de dicha delegación mostrando así la falta de cuidado necesario que se exige en el cumplimiento de sus deberes", manifestó el organismo.


Cabe mencionar que la gobernación del Valle del Cauca al igual que los otros departamentos se habían comprometido con la Jurisdicción Especial para la Paz, para garantizar "la protección de los derechos a la verdad y garantías de satisfacción para las víctimas de desaparición forzada".

La custodia asignada de los cementerios está vinculada con los casos de "falsos positivos" como se denominan a las ejecuciones extrajudiciales de civiles realizadas por miembros del Ejército colombiano con el objetivo de demostrar una mayor efectividad en el combate contra la guerrilla, con el fin de recibir recompensas o beneficios. De acuerdo a las cifras estimadas por la JEP, más de 6400 ciudadanos colombianos habrían sido víctimas del perverso mecanismo llevado a cabo por el Ejército colombiano para "engrosar" las cifras de su efectividad en el combate a la guerrilla.

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