El Senado brasileño debatirá este miércoles un proyecto que podría reducir la pena de prisión de Jair Bolsonaro

El Senado iniciará este miércoles el debate del proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que introduce cambios en la aplicación de las condenas por delitos vinculados a intentos de golpe de Estado.

Bolsonaro, de 70 años, permanece detenido desde noviembre tras haber sido condenado por liderar un plan destinado a obstruir la toma de poder luego de las elecciones presidenciales de 2022.

Alcance de la reforma

La propuesta redefine el tiempo efectivo de reclusión, lo que podría reducir de manera significativa la condena real del ex mandatario. Según la legislación vigente, la pena efectiva podría alcanzar ocho años, pero con la reforma ese período se reduciría a poco más de dos años.

Uno de los puntos centrales del texto establece que, cuando los delitos contra el orden institucional sean cometidos por una acción colectiva o multitudinaria, la sanción podrá reducirse hasta dos tercios respecto de la pena original, criterio que impacta directamente sobre los hechos ocurridos en Brasilia en enero de 2023.

Cambios en la progresión penal

El proyecto también modifica las reglas de progresión de la pena, habilitando el paso del régimen cerrado al semiabierto tras cumplir una sexta parte de la condena, o una cuarta parte en los casos donde haya mediado violencia.

Desde el sector bolsonarista, la iniciativa es presentada como un primer paso hacia una amnistía, mientras que sus impulsores aseguran que busca corregir excesos en las condenas dictadas recientemente por el máximo tribunal del país.

Resistencias en la Cámara alta

El tratamiento en el Senado aparece como el principal obstáculo para la iniciativa. Varios legisladores adelantaron su rechazo y advirtieron que la reforma podría reducir drásticamente las penas para delitos de extrema gravedad.

Sectores opositores y organizaciones de derechos humanos sostienen que el proyecto constituye una amnistía encubierta, que no solo beneficiaría al ex presidente sino también a decenas de condenados por los ataques a las instituciones democráticas.

Postura del Gobierno

Desde el oficialismo, el presidente Lula da Silva defendió la condena a su principal rival político y la calificó como un paso clave para el fortalecimiento institucional y la defensa del sistema democrático brasileño.

El debate comenzará este miércoles y se anticipa como uno de los episodios políticos y judiciales más sensibles del año en Brasil.