11/11/2022
Tras unas falsas elecciones municipales, que hizo que el mandatario tuviera el control de la totalidad de alcaldías, llegan las repercusiones. El silencio de la prensa y el encarcelamiento del ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), son las actualizaciones y movimientos que estableció el régimen de Ortega en Nicaragua.
En las últimas horas, se conoció que el economista José Adán Aguerri Chamorro, ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal del país, fue nuevamente enviado a prisión, dado que deberá cumplir una condena de 13 años, puesto que fue acusado por el delito de traición a la patria.
El mismo cumplía una condena desde su casa, puesto que presentaba problemas de salud. Dicha condena, fue establecida por el juez Félix Salmerón, asimismo se ordenó su trasladado a la cárcel policial El Chipote. No obstante, hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado sobre las razones sobre el repentino cambio de medidas carcelarias a Aguerri.
Como así también, ni la Justicia ni la fiscalía, han dado especificaciones que argumenten el actual estado de salud del detenido de 60 años. Si nos guiamos por la lógica, no hay ninguna causal para cambiar la medida, porque la principal es que haya peligro de evasión de cumplimiento de la pena, pero estas personas están bajo las mismas medidas de coerción que en El Chipote, expresó el dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena, en un audio enviado a la prensa.
Sin embargo Arregui, había sido detenido el pasado 8 de junio de 2021 por la Policía Nacional, en lo que fue una masiva ola de arrestos; que tuvo lugar tiempo antes de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de aquel año. De esta manera, el régimen llevó a la cárcel a más de 60 líderes , estudiantiles, trabajadores, periodistas y profesionales independientes, incluyendo a siete candidatos opositores que aspiraban a competir por la Presidencia.
Todos ellos, fueron acusados por el estado nicaragüense, controlado por sandinistas quienes los acusaron de cargos como: traición a la patria o delitos económicos como lavado de dinero, así como de otra índole, que son negados tanto por los afectados como por sus familiares.
Entre tanto, estas situaciones no pueden ser denunciadas dentro del país, donde la prensa se mantiene en silencio, mientras todo esto ocurre a cada día. Puesto que, la censura es parte elemental de este régimen, donde los trabajadores de prensa de Nicaragua, se ven obligados a callar las agresiones a la libertad de prensa para evitar ser víctimas de nuevos ataques. Muchos de ellos, perpetrados por las fuerzas policiales o de simpatizantes del régimen de Daniel Ortega, según detallaron en un informe la red regional Voces del Sur.
Dicho documento, detalla que: Voces del Sur lamenta que la censura y el silencio de las víctimas ante agresiones a la libertad de prensa continúe ganando la batalla y manifestó que: cada vez son más las víctimas que prefieren callar las denuncias para evitar que las agresiones de fanáticos sandinistas, trabajadores del Estado y fuerzas policiales aumenten.
Cabe señalar que, dicho informe no apunta contra las víctimas del silencio, dado que el peligro al que se exponen es inminente, más allá de que exista una disminución numérica de casos que se observa no significa que las agresiones han bajado, sino que las víctimas han dejado de denunciar, detallan.
Entre tanto, el dictador Ortega utiliza a las fuerzas de seguridad del Estado para perseguir a la prensa nicaragüense, para así callar a las disidencias que denuncian sus agresiones. Sin embargo, hay que establecer que Nicaragua se ve atravesada por una crisis política y social desde 2018, que se ha acentuado tras las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato. Llevando casi 16 años ininterrumpidos en el poder, entre los cuales se han denunciado innumerables casos de censura, autoritarismo y fraude electoral.
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