El régimen cubano condenó a cadena perpetua al ex ministro Alejandro Gil por espionaje y corrupción

La dictadura cubana profundizó su giro punitivo contra antiguos funcionarios al sentenciar a cadena perpetua al ex ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, una figura central del gobierno de Miguel Díaz-Canel hasta su caída en 2024. El Tribunal Supremo Popular lo declaró culpable de once delitos, entre ellos espionaje, cohecho, filtración de documentos y uso indebido de información clasificada, en un proceso que el régimen presentó como una defensa "ineludible" de la seguridad del Estado.

La condena, comunicada a través de medios oficiales, marca uno de los castigos más severos aplicados en décadas a un miembro del círculo político del Partido Comunista. Gil, que llegó a ser vice primer ministro y rostro visible de las reformas económicas más controvertidas, enfrentó dos juicios consecutivos que incluyeron cargos por falsificación documental, tráfico de influencias y evasión fiscal. La segunda causa sumó 20 años adicionales de prisión, acumulados a la pena principal.

Fuentes del régimen aseguraron que el ex ministro utilizó su posición para obtener beneficios personales, valiéndose de sobornos, pagos de empresas extranjeras y maniobras para alterar documentación. En la acusación se lo responsabilizó de "engañar a la dirección del país y al pueblo", una frase que apunta no sólo a la gravedad jurídica sino también al impacto político que el caso genera dentro del oficialismo.

La defensa aún no manifestó públicamente si apelará, aunque el plazo para presentar recursos es de diez días. El hermetismo alrededor del proceso refleja la sensibilidad del caso: se trata de un funcionario que, hasta su destitución, era considerado uno de los pilares de la estrategia económica del régimen en plena crisis, marcada por inflación récord, caída del poder adquisitivo y deterioro del aparato productivo.

Su expulsión en febrero de 2024 fue presentada como una consecuencia de "errores administrativos". Pero un mes después, Díaz-Canel admitió que Gil estaba bajo investigación por actos de corrupción, lo que reveló un proceso mucho más profundo. A finales de octubre, la Fiscalía confirmó once cargos penales y anticipó un juicio con fuerte carga política, que ahora se materializa en una sentencia ejemplificadora.

La caída de Gil ocurre en un momento de desgaste extremo para la dictadura, que intenta reforzar su discurso contra la corrupción mientras enfrenta un escenario económico crítico y presiones internacionales por violaciones a los derechos humanos. Castigar a un ex ministro de peso sirve como gesto de control interno, pero también expone la fractura dentro de una estructura que se presenta como monolítica, aunque ya muestra señales claras de tensión.

La cadena perpetua impuesta al ex ministro no sólo sella su destino judicial: también revela la fragilidad de un sistema que, incluso en sus niveles más altos, se sostiene sobre un equilibrio cada vez más precario.