El presidente de Perú respondió tras las imputaciones establecidas por la fiscalía

Las acusaciones fueron llevadas ante el parlamento y apuntan contra el mandatario. Ante esto, Pedro Castillo es señalado de varias irregularidades, por lo que será llevado ante la justicia.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, es señalado por la justicia, por una serie de delitos en los que se investigan si tuvieron lugar mientras ejercía sus funciones. Por otro lado, la denuncia fue presentada este martes por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Las imputaciones, apuntan a los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, por el supuesto direccionamiento ilegal de obras públicas, con el propósito de favorecer a empresarios allegados y recibir a cambio beneficios económicos.

La acusación incluye a Juan Silva, ex ministro de transporte que está prófugo desde julio pasado, y de Vivienda, Gainer Alvarado, quien tiene prohibido salir del país. Además, en la imputación aparecen allegados al mandatario, como su cuñada, Yenifer Paredes, está en prisión preventiva desde agosto, y contra la primera dama Lilian Paredes, quien tiene prohibido salir del país. Como así también, dos cuñados y dos sobrinos del jefe de Estado, uno de ellos prófugo, también son señalados por la fiscalía de ser parte de esa supuesta trama de corrupción.

Entre tanto, según el escrito presentado por Benavides, el mandatario habría cometido esos delitos mientras estaba vinculado con Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petro Perú y a la licitación del Puente Tarata III. Asimismo, según establece la hipótesis, el mandatario recibió la recomendación de su amigo Fermín Silva Cayatopa, para colocar a Chávez al frente de la petrolera estatal, para que éste resolviera sobre las contrataciones millonarias.

Ante esto, Chávez inició su primera operación para beneficiar al empresario Samir Abudayeh, de la compañía Heaven Petroleum Operators (HPO). Donde recibió un monto de US $47 millones por 280 mil barriles de biodiesel B100 que HPO proveería a Petroperú. Asimismo, el gerente de la petrolera y el empresario, tuvieron una reunión a puertas cerradas en el Palacio de Gobierno, previo al contrato.

Sin embargo, según las investigaciones, se cree que Castillo confabulo con sus sobrinos Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, para beneficiar a Zamir Villaverde, amigo del mandatario y Hugo Meneses Cornejo con una obra de pública por el valor de 232.5 millones de soles. Siendo esta, la millonaria cifra para una obra conocida como Puente Tarata III.

“Silva Villegas habría establecido que en el caso concreto de Puente Tarata III, los porcentajes con los que se benefician los integrantes de la organización serían 100 mil para Villaverde García, 100 mil soles para Fray Vásquez Castillo y el resto se dividiría en dos partes entre el presidente Pedro Castillo y él. En cumplimiento de este pacto ilícito, Villaverde García le habría entregado a Silva Villegas la suma de 100 mil soles como adelanto de buena fe del negocio ilícito”, manifiesta la resolución de la fiscal Patricia Benavides.

Cabe mencionar que, ante estas acusaciones Castillo respondió y aseguró que: "Es una nueva modalidad de golpe de Estado". Entre tanto, detalló que: “Si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, lo voy hacer. Si es que hay que entregar la vida, lo voy hacer”.

No obstante, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario criticó el accionar de la Fiscalía de la Nación, tras establecer que un grupo de fiscales ingresaron a la vivienda de su hermana, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Allí, se encontraba la mujer junto con la madre de Castillo. “La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, manifestó a través de su cuenta oficial.