El presidente de Panamá ordenó el cese de actividades de minera canadiense

El antidotario alega que la empresa no cumplió con el compromiso acordado con el pueblo. Es así que durante la jornada del jueves se dio a conocer la decisión.

Laurentino Cortizo, el presidente de Panamá, ordenó el jueves el cese de operaciones de una mina de cobre. La misma está siendo operada por First Quantum Minerals (FQM), una empresa de Canadá. Asimismo, tras no poder llegar  a un acuerdo beneficioso para ambas partes, detuvieron las  actividades en el lugar.

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"He decidido [...] instruir al ministro de Comercio para que se ejecute un plan de preservación y gestión segura, es decir, cuidado y mantenimiento en el proyecto Cobre Panamá", expresó el mandatario en un mensaje por televisión.

Entre tanto, según se supo a través de fuentes oficiales, el Consejo de Ministros del país centroamericano emitió una resolución para que el titular del Ministerio de Comercio e Industria adopte las “medidas administrativas de conformidad al Código de Recursos Minerales para ordenar a Minera Panamá (subsidiaria de FQM) que establezca un plan de preservación y gestión segura, es decir, cese de operaciones”.

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Por otro lado, Cortizo afirmó que la filial de First Quantum, “no ha cumplido los compromisos”, dado a que debía suscribir a más tardar este miércoles un nuevo contrato de concesión que elevaría a 375 millones de dólares anuales el monto de las regalías, 10 veces más que en el convenio anterior.

Entre tanto, la empresa ha invertido en Panamá más de 10.000 millones de dólares en movimientos de tierra, construcción de edificios para alojar a sus 7.200 empleados, compra de maquinaria pesada, una central eléctrica, un puerto para buques mercantes de gran calado, caminos de acceso, reforestación y programas de ayuda a las comunidades.

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Sin embargo, el Ministerio de Ambiente debe supervisar, controlar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones ambientales en el proyecto minero, indica el informe de Gobierno. Además, deberá intervenir el Ministerio de Trabajo, dado que deberá supervisar, velar y verificar “el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la relación laboral existente entre los trabajadores del proyecto Cobre Panamá y la empresa Minera Panamá S.A., y tomar las acciones que sean requeridas y necesarias para garantizar el mantenimiento de la fuente de empleo y la protección de prestaciones laborales de los trabajadores”, detalla.

Entre tanto, el mandatario hizo mención de la Resolución 144-22, donde estableció que es consecuencia del cumplimiento a la sentencia de 2017 de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad del Contrato Ley entre el Estado panameño y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., hoy Minera Panamá, S.A. Ante esto, señaló que su equipo hizo los esfuerzos necesarios para lograr un contrato justo para el pueblo panameño, toda vez que la Constitución Política señala claramente que “las concesiones para la explotación del suelo y el subsuelo se inspirarán en el bienestar social y el interés público”.

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Cabe señalar que, según manifestó Cortizo: “Las acciones tomadas hoy por nuestro gobierno garantizan el principio establecido en nuestra constitución: los recursos minerales de Panamá pertenecen al pueblo panameño”. Además, estableció que: “Tengan la certeza que el gobierno nacional buscará las mejores opciones para garantizar el funcionamiento sostenido de la mina a través de un contrato justo”.

En ese marco, el pasado 18 de enero, el presidente panameño había anunciado que endurecerá las condiciones de la concesión y que con el nuevo contrato la minera debería pagar como “mínimo 375 millones de dólares anuales al Estado”, es decir 10 veces más que antes. “Panamá tiene el derecho irrenunciable de recibir ingresos justos por la extracción de sus recursos minerales, porque el cobre es panameño”, argumentó Cortizo.

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Ante esto, la empresa sequio trabajando con total normalidad, a pesar de las advertencias. Incluso, hace pocos días, pusieron en operación una enorme perforadora de 200 toneladas, fabricada por la empresa sueca Epiroc en Estados Unidos, que costó más de seis millones de dólares.