05/11/2022
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó durante la jornada del viernes la Ley 181, conocida como la legislación de paz total, que permitirá al Gobierno dialogar con distintos grupos armados. Apuntando a aquellos que actualmente operan dentro del país, con el objetivo de construir la paz total.
"Habrá personas que negociarán con el Gobierno las opciones de acabar con una guerra insurgente desde hace muchas décadas, que debe terminar definitivamente sin ecos", expuso el mandatario en un acto llevado a cabo en la Hacienda Hato Grande, una de las residencias presidenciales, ubicada a unos 42 kilómetros al norte de Bogotá.
Asimismo, manifestó que: "Para que la sociedad colombiana sea la verdadera dueña del país, la verdadera dueña de los destinos de Colombia, la democracia real y pacífica que necesitamos en este país. Así que queda firmada la ley".
Por otro lado, esto establece la modificación, que prorroga la Ley 418 de orden público, vigente desde 1997, se establece que en el Plan Nacional de Desarrollo y en las cuestiones de las entidades territoriales, en los cuales se fijarán políticas y programas dirigidos al logro de la paz. Ante esto, se busca integrar a las regiones, principalmente a los municipios más afectados por la violencia (donde las acciones del gobierno han sido insuficientes), para establecer soluciones ante la problemáticas de orden público.
Según el documento firmado por Petro "habrá personas que negociarán con la justicia la posibilidad de un desmantelamiento pacífico del crimen", añadió el poder ejecutivo del país. No obstante, establecen en esta legislación, que los representantes autorizados por el Gobierno nacional, contaran con las facultades para entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados.
Cabe señalar que, estos representantes tienen autorización para firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, con el objetivo de obtener soluciones al conflicto armado. Como así también, se incluyó la conformación de un Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, el cual contempla que las personas que se acojan a esta política, podrían ser beneficiarios de la no persecución penal por el porte de armas.
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