El Ministerio Público de Perú acusó a Boluarte de "homicidio calificado" por muertes ocurridas durante protestas

La fiscal general del Perú, Patricia Benavídez, presentó ante el Congreso de ese país por el presunto delito de homicidio calificado contra Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola por la muerte de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca y otras víctimas tras la salvaje represión desata en diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo.

La denuncia realizada por Benavídez podría conducir a la destitución de Boluarte, que además de lidiar con la crisis política, social y de inseguridad, afronta un nivel de desaprobación cercano al 90 por ciento, lo que la sitúa como una de las mandatarias peor consideradas en América Latina.

En tanto, la acusación contra Boluarte sucede en momentos en donde la policía peruana y un equipo de la Fiscalía Especial de ese país lleva adelante una investigación contra Benavídez, a quien acusan de liderar una red de tráfico de influencias que involucraría a tres de sus asesores y que habría utilizado para obtener favores políticos.

Por su parte la Presidenta del Perú, Dina Boluarte, calificó a la investigación emprendida por Benavídez como una "deleznable maniobra" con la que pretende "distraer la atención" de la ciudadanía peruana.

De esta manera, la acusación realizada por la fiscal general del Perú se suma a la investigación que ya se desarrolla contra Boluarte y por la que ha sido citada a declarar en varias oportunidades la acusación de genocidio, por su responsabilidad en las muertes sucedidas durante la represión tras la destitución de Pedro Castillo.

Además, la mandataria peruana se manifestó "extrañada" por la denuncia de Benavídez, ya que la misma fue realizada luego de que se conociera la detención de asesores de la fiscal general, acusados de presuntos hechos de corrupción.

"Somos enemigos de la corrupción y de la impunidad", expresó Boluarte.