17/11/2022
"La denuncia constitucional 307 ha sido aprobada por mayoría", estableció Lady Camones, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Luego de que una Comisión del Congreso de Perú aprobara la tramitación de la denuncia realizada por la Fiscalía General, para someter a juicio político al presidente Pedro Castillo, quien está acusado de tráfico de influencias y estar al frente de una organización criminal.
Asimismo, la decisión fue aprobada por un grupo legislativo durante la jornada del miércoles, para así dar inicio a la denuncia constitucional contra el mandatario. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, integrada por legisladores en su mayoría de oposición, aprobó con 13 votos a favor y ocho en contra la admisión a trámite de la denuncia constitucional, la cual fue presentada en octubre por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Según establece la Fiscalía, todos los denunciados son "presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado, la cual estaría encabezada por el propio mandatario". No obstante, la imputación al presidente peruano está basada en más de 190 elementos probatorios acumulados por los fiscales. Con lo cual, la admisión a trámite de la denuncia representa el puntapié formal de un largo proceso que puede culminar con el gobierno de Castillo, por lo que sería retirado de sus funciones. Esto se produce a menos de tres días de su llegada a Lima, de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que analizará la aguda crisis política en el país, seguido por los frecuentes choques entre Ejecutivo y Legislativo.
Entre tanto, la subcomisión debe evaluar la denuncia y en caso de declararla procedente remitir a la Comisión Permanente del Congreso, el cual es el penúltimo peldaño antes de ser enviada al pleno. Sin embargo, es ahora el congreso quien tiene instancia para decidir la suerte del presidente, que inició su mandato el año pasado para gobernar hasta julio de 2026. Por su parte, la Fiscalía se basa en que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas, la cual estaría integrada por su entorno familiar y allegados políticos. Siendo esta la primera vez que la Fiscalía denuncia a un presidente en funciones de Perú.
Por su parte, la denuncia contra Castillo que ha rechazado las acusaciones, debe ser debatida ahora por la Comisión Permanente del Congreso para decidir si procede o no iniciar una investigación contra el mandatario de izquierda. Dado que, desde su llegada al poder, Castillo ha estado bajo el cerco de la Fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la oposición que exige su renuncia y ya intentó destituirlo en dos ocasiones.
En caso de que se continúe con el proceso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, deberá convocar a Castillo para que ejerza su defensa, antes de establecer una conclusión final sobre si recomienda o no elevar la denuncia ante el pleno del Congreso. Siendo este, un proceso que podría demorar varias semanas, según establecieron varios analistas. Asimismo, esto establecería que si la denuncia constitucional prolifera, podría llevar a Castillo a la suspensión de sus funciones.
Cabe resaltar que, Castillo, un maestro rural de 53 años, que además dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder, el mes pasado logró que la OEA aceptara un pedido suyo de enviar una misión para certificar que se preserve la institucionalidad democrática en el país. Sin embargo, debe enfrentarse a varios escándalos, donde ha tenido ya dos intentos de juicio político en el Poder Legislativo.
Ante esto, el mandatario rechazó los presuntos hechos de corrupción y ha acusado a la Fiscalía, y al Congreso de promover con la denuncia un "golpe de Estado". Ante esto, esta es la segunda denuncia en su contra en el Congreso. En cuanto a la causa, el mandatario se le imputa traición a la patria tras considerar un posible referendo popular, para conceder una salida al mar a Bolivia. Por su parte, la acusación de traición aún debe ser debatida por la Comisión Permanente, algo que podría tener lugar este viernes. Dicha acusación pide que se le imponga "la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública".
Por último, según establece la defensa de Castillo, esta denuncia vulnera un artículo de la Constitución que señala que un Presidente no puede ser acusado durante sus funciones por delitos comunes, salvo por traición a la patria o por impedir las elecciones. No obstante, debido a esta situación el presidente, solicitó un pedido para poder salir del país; ya que debe participar de encuentros en México y Chile, sin embargo la conducción del Congreso ya le negó dos veces a Castillo las solicitudes para dejar el país.
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