El cabildo de Santa Cruz resolvió continuar con la protesta, pero aceptado el censo en 2024

En el día 23 de la protesta, se estableció una medida de fuerza de 72 horas, para establecer una ley de censo. Además de exigir la liberación de 20 presos para levantar el paro cívico.

Una jornada de extrema tensión tuvo lugar durante la tarde del domingo, tras el Cabildo, luego de que se llevará a cabo una reunión masiva para debatir la continuidad del paro cívico. Tras una amplia expectativa en todo el país, respecto a la decisión final sobre este conflicto, miles de bolivianos se reunieron para escuchar la resolución.

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Entre las solicitudes, se estableció que el Cabildo daba 72 horas, para aprobar una ley de censo; Además, de exigir la liberación de 20 presos para levantar el paro cívico y por último la aceptación, de que el 23 de marzo de 2024 se realice el Censo, pero que este sea refrendado con una ley. Asimismo, esta no fue bien recibida, luego de que los dirigentes que tantas contras le han puesto al Gobierno de Luis Arce, decidieron aceptar que el censo se realice en en el tiempo en que fue establecido.

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Sin embargo, la masiva convocatoria que ha detenido el país, durante 23 días y que por obvias razones establece un serio problema en su economía, las decisiones del domingo fueron claves. Puesto que, ante los miles de manifestantes, se realizaron de manera colectiva cinco preguntas que definirán la situación de la región.

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Ante esto, Calo consultó: “¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional, que en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano?”. Con lo cual, la población respondió un definitivo “Sí”.

Entre tanto, la situación en muchas regiones es catastrófica, desde enfrentamientos continuos con la policía hasta los desabastecimientos, son cuestiones que caldean aún más el malestar colectivo. Puesto que, ante las continuas protestas, los empresarios de Santa Cruz piden al gobierno de Arce, que levante la prohibición de exportaciones. La misma que el mandatario, dispuso al comenzar el conflicto y que frena la salida de carne bovina, soja, aceites, granos, que representan 77% de las exportaciones no tradicionales de Bolivia.

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Por otro lado, en una Fiscalía de La Paz, aceptaron una demanda penal contra el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el dirigente cívico Rómulo Calvo y Vicente Cuéllar, el rector de la Universidad cruceña, por supuestos atentados contra el presidente y violaciones del orden público.

Cabe señalar que, más allá de la situación actual y el malestar social, se espera que las cosas se calmen al transcurrir las próximas 72 horas. Puesto que a futuro, el Comité Pro Santa Cruz aprobó la conformación de una comisión constitucional que impulse revisar la futura relación política con el Estado boliviano, y desafía a los 8 departamentos restantes a sumarse a la reivindicación.