EE.UU sanciona a civiles en Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador

En las últimas horas, el Gobierno de los Estados Unidos dio a conocer una nueva ronda de sanciones dirigida contra 14 funcionarios y exfuncionarios civiles de Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras que estarían involucrados en hechos de corrupción e intento de alteración del orden democrático.

La denominada "Lista Engel", en donde figuran todos los funcionarios y actores políticos de la región sospechados por corrupción por parte de los Estados Unidos incorporó a 14 nuevos nombres, de los países centroamericanos anteriormente mencionados, que estarían involucrados en la alteración de procesos electorales (como en el caso de Guatemala), y además, también serían cercanos a las esferas gubernamentales de los citados Estados.

En el caso guatemalteco, en donde luego de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el Ministerio Público de ese país lleva adelante una empresa para evitar por todos los canales posibles la asunción de Bernardo Arévalo, las personas sancionadas son los fiscales Leonor Morales, Noé Rivera y Pedro Otto Hernández, y la ex presidenta de la Corte Suprema, Silvia Valdés Quezada, a quienes se los señala de "Interferir" en el proceso electoral y "socavar" la democracia en ese pais.

Mientras tanto, en el caso de Honduras, las sanciones recayeron sobre el ministro de Planificación Estratégica de Xiomara Castro, Ricardo Salgado, acusado de reprimir e intimidar violentamente a congresistas opositores, y sobre los ciudadanos Mohammad Yusuf Amdani Bai y Cristian Adolfo Sánchez, acusados de ser parte de una trama de corrupción en el país.

El Gobierno de Daniel Ortega, de pésima relación con Washington, también resultó afectado por las sanciones aplicadas, en esta oportunidad, sobre la jueza Gloria Saavedra y las funcionarias Maribel Duriez y Ramona Rodríguez, a raíz del papel desempeñado por ambas en el cierre de la Universidad Centroamericana. Además, fue sancionado el ciudadano nicaraguense Alejandro Genet, acusado de participar en las campañas contra críticos del oficialismo y de reprimir a la disidencia valiéndose de su poder dentro de la Universidad Casimiro Sotelo.

Las últimas tres personas sancionadas son de nacionalidad salvadoreña y se trata de miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública (LAIP), acusados de bloquear de manera deliberada el acceso a la información pública.

De esta forma, todos los funcionarios y ciudadanos anteriormente citados, no podrán ser admitidos en el pais centroamericano, y en el caso de que actualmente tengan algún tipo de documentación de entrada, la misma le será revocada para dar cumplimiento efectivo de las sanciones dispuestas por el Gobierno de Joe Biden.