07/10/2025
El informe titulado "Gobierno Ortega-Murillo intenta reclutar a periodistas independientes como orejas del Estado" detalla que agentes policiales han intensificado interrogatorios y amenazas para que comunicadores revelen información sobre colegas. Algunos periodistas fueron subidos a vehículos oficiales y obligados a entregar datos sobre medios en el exilio, incluyendo contratos y pagos que estaban en poder de las autoridades.
Los testimonios documentan que varios periodistas recibieron amenazas sobre la pérdida de sus propiedades o la expulsión del país si se negaban a colaborar. Una comunicadora explicó que debió cambiar de domicilio por motivos de seguridad, mientras que otro periodista, identificado como Mateo, aseguró que sufrió persecución constante incluso después de abandonar Nicaragua, impidiéndole retomar su trabajo profesional en el exilio.
El informe también revela casos en los que los comunicadores fueron obligados a firmar diariamente un libro de actas en delegaciones policiales y, posteriormente, presionados para espiar a sus colegas bajo amenaza de perder sus viviendas. Incluso se documentó que la vigilancia se extendía a vecinos y actividades privadas, con seguimiento de entradas y salidas del país, especialmente hacia Costa Rica.
Entre 2018 y 2023, la dictadura cerró al menos 54 medios de comunicación, entre ellos diarios como La Prensa, Confidencial y 100 % Noticias, y confiscó propiedades de cinco de ellos. Además, más de 293 trabajadores de medios han abandonado Nicaragua por motivos de seguridad o han sido desterrados, evidenciando una crisis de libertad de prensa y derechos humanos prolongada desde las elecciones de 2021.
La FLED advierte que estas acciones forman parte de un patrón sistemático de represión, donde la libertad de expresión está severamente limitada y los periodistas independientes enfrentan coacción directa para convertirse en instrumentos del Estado, consolidando el control de Ortega y Murillo sobre la información y debilitando el periodismo libre en Nicaragua.
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