Desarticulan en Iquique una red criminal ligada a estafas millonarias con criptomonedas en Chile

La Justicia chilena inició este lunes la audiencia de formalización contra 49 personas acusadas de integrar una mafia china dedicada a estafas digitales y lavado de activos. La organización tenía su centro de operaciones en la ciudad de Iquique, a más de 1.700 kilómetros al norte de Santiago, y habría defraudado a unas 400 víctimas por un monto superior a los USD 200 millones.

La investigación se activó luego de una alerta del FBI, que detectó un patrón de fraudes informáticos contra ciudadanos de Estados Unidos y otros países. A partir de ese aviso, las autoridades chilenas comenzaron a seguir el rastro del dinero, que terminaba ingresando al país a través de transferencias y operaciones bancarias complejas.

Según la fiscalía, el grupo estaba liderado por al menos cuatro ciudadanos chinos, vinculados al denominado Clan Cheng, una estructura asociada a la Banda de Fujian. En la organización también participaban ciudadanos chilenos, peruanos, venezolanos y bolivianos, quienes cumplían distintos roles logísticos y financieros.

El mecanismo utilizado era conocido como "pig slaughter" o "matanza del cerdo", una modalidad de estafa en la que las víctimas son contactadas mediante plataformas digitales y convencidas de realizar supuestas inversiones en criptomonedas. Con el tiempo, los estafadores inducen nuevos depósitos hasta que el dinero desaparece por completo.

Los fondos obtenidos eran enviados a Chile, donde se desplegaba una red de 119 sociedades comerciales, muchas de ellas radicadas en la Zona Franca de Iquique (Zofri). Parte del dinero se movía entre empresas reales y otras de fachada, lo que permitía blanquear ganancias y sortear controles financieros.

En el entramado también aparece involucrado un ejecutivo de un banco privado, acusado de facilitar giros millonarios en efectivo y operaciones internacionales sin cumplir los protocolos de seguridad. La policía detectó cobros de cheques por hasta USD 500 mil, e incluso retiros superiores al millón de dólares en un mismo día y sucursal.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó que los imputados enfrentarán cargos por estafa, lavado de activos y otros delitos financieros. Remarcó que el caso se originó en denuncias de ciudadanos norteamericanos víctimas de fraudes informáticos, lo que encendió las alarmas a nivel internacional.

Por su parte, la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó que las víctimas creían estar invirtiendo en proyectos financieros legítimos, cuando en realidad el dinero era desviado entre empresas hasta perder todo rastro. La PDI, a través de su director Eduardo Cerna, destacó el volumen inusual de las operaciones detectadas.

Desde el Banco Santander, en tanto, aseguraron que fue la propia entidad la que presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar movimientos sospechosos, lo que permitió avanzar con la investigación y el posterior megaoperativo que desarticuló a la banda.