Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala son víctimas de hostigamiento

Según altos funcionarios de las Naciones Unidas, consideran que el Estado guatemalteco, promueve la criminalización para acallar voces. Asimismo, en el país se denuncian casos de saqueo,  impunidad y corrupción.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk expresó su preocupación por la continua por los problemas que enfrenta el estado de derecho en Guatemala, pues los funcionarios judiciales enfrentan intimidación, hostigamiento y enjuiciamiento.

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Este viernes, defensores de derechos humanos (DD.HH.) y organizaciones sociales de Guatemala denunciaron   el incremento de la persecución y la criminalización en su contra, maniobra política que consideran es promovida por el Estado para acallar las voces contra el saqueo de los recursos y la corrupción. Considerando que el jueves, el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal retomó una causa abierta en noviembre de 2021 contra la activista indígena kaqchikel Nanci Chiriz Sinto.

La misma, había sido puesta bajo arresto domiciliario y la envió a juicio pese a que otra jueza desestimó este proceso en junio de 2022 por falta de mérito. Puesto que, Chiriz Sinto denunció que más allá de ser acusada sin pruebas de hacer pintas en las paredes del Congreso y depredar el patrimonio nacional, lo trascendente es la intención de continuar persiguiéndola para detener su labor como defensora de DD.HH.

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Por otro lado, señaló que, desde el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei utiliza la institucionalidad de justicia para construir casos más de este tipo, en lugar de investigar con apego al derecho y la transparencia. Por lo que, las tensiones entre operadores de justicia y periodistas se agudizó durante la gestión de Giammattei, iniciada en enero de 2020.

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), entre 2017 y 2022 registró 3.574 agresiones contra ambientalistas, líderes indígenas, reporteros, jueces y defensores de DD.HH. Un total de 1.002 denuncias sobre estos hechos fueron documentadas durante 2022.

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Por su parte, Jorge Santos, el coordinador de Udefegua, consideró que tras esa política de represión existe una venganza de carácter político contra quienes se pronuncian contra la impunidad y corrupción.  Al respecto, organizaciones sociales consideraron que la reciente aprobación por el Congreso del decreto 823, con reformas al Código Penal y a la Ley contra la Delincuencia, procura criminalizar a los defensores de los bienes comunes.