Congreso de Perú aprobó denunciar constitucionalmente a Pedro Castillo por organización criminal

Mientras las manifestaciones contra la mandataria, Dina Boluarte continúan, las acusaciones contra el expresidente siguen bajo investigación. Está acusado de presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública.

Ante la tensión y continuas protestas, contra Dina Boluarte, en distintos puntos de Perú; ante esto, el Congreso prevé discutir este viernes el informe final de una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo. Según la cual, en esta oportunidad, de difundida a través de las redes sociales del Legislativo, entre tanto,  la denuncia contra el exmandatario ocuparía el primer momento de las deliberaciones.

Según se confirmó hace este viernes, el Congreso de Perú aprobó la denuncia constitucional contra Pedro Castillo por corrupción. Con 59 votos a favor, el Pleno aprobó el proyecto de Resolución Legislativa del Congreso, por la que se acusa al expresidente. Por lo que, la denuncia volverá a la Fiscalía para que presente una acusación formal ante el Poder Judicial. Basándose en el informe que propone acusar a Castillo de supuestamente liderar una organización criminal para obtener beneficios ilícitos de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

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El abogado del expresidente peruano, ha defendido ante el Congreso, que debate una denuncia constitucional en su contra, que por el momento no se ha encontrado ninguna cuenta bancaria del exmandatario con dinero de procedencia ilícita. Por su parte, el exministro Geiner Alvarado, se afianzó a la conclusión del informe final de la denuncia constitucional en su contra y pidió que el organismo apruebe el documento, que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

Por otro lado, el exmandatario, permanece en prisión, acusado de los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado. Esto se dio el pasado  7 de diciembre, cuando decretó la disolución temporal del Congreso y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional, tras lo cual el Legislativo aprobó una moción de vacancia presidencial en su contra y lo removió del cargo por “permanente incapacidad moral”.

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Ante esto, la se estableció una denuncia constitucional, la cual se examinará este viernes y es el Número 302, formulada por la Fiscalía de la Nación, que imputó a Castillo por los presuntos delitos de organización criminal agravada, en su condición de líder; tráfico de influencias agravado y cómplice del delito contra la administración pública-colusión, todos en agravio del Estado. Donde además, aparecen como acusados en este texto los exministros Juan Silva Villegas (Transporte y Comunicaciones) y Geiner Alvarado López (Vivienda, Construcción y Saneamiento).

Cabe señalar que, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tenía previsto realizar el 15 de febrero una presentación de Castillo, pero su abogado, Eduardo Pachas Palacio, solicitó que está fuera reprogramada y se realizará de manera presencial. Dado que,  argumentó que en esa fecha había tenido tres audiencias y que le era imposible preparar la defensa.

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Por su parte, Lady Camones, la presidenta de la subcomisión, exhortó a Castillo a colaborar con la justicia y dejar atrás lo que llamó “reiterativa conducta de acciones dilatorias y obstruccionistas”. Como así también, le negó al expresidente, el pedido de  presentarse personalmente y dijo que su condición de privado de libertad hace imposible su presencia en la sede del Legislativo.

Entre tanto, el día de ayer, la Defensoría del Pueblo registró 50 bloqueos de vías nacionales, además de protestas, paralizaciones o bloqueos de vías en 18 provincias. Se prevén nuevos actos de calle este viernes y sábado en Lima, así como el domingo 19 de febrero en Arequipa (sur).  Asimismo, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho denunció la creciente criminalización a luchadores sociales cuyo delito ha sido exigir el fin del Gobierno de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.