Condenan a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores en Guayaquil

El Tribunal Penal de Guayaquil condenó este 22 de diciembre de 2025 a 16 militares por la desaparición forzada de Ismael y Josué Arroyo, Steven Gerald Medina y Nehemías Arboleda, ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en el sur de la ciudad. La Justicia estableció que los cuatro adolescentes fueron víctimas inocentes de un crimen de Estado.

El fallo, dictado en el marco del caso Las Malvinas, aceptó el pedido de la Fiscalía e impuso penas de hasta 34 años y ocho meses de prisión, además de medidas de reparación integral, satisfacción y garantías de no repetición.

Según la sentencia, quedó probado que los menores fueron interceptados durante un operativo militar y privados ilegítimamente de su libertad, configurándose el delito de desaparición forzada cometida por agentes del Estado, una de las violaciones más graves a los derechos humanos previstas en la legislación ecuatoriana.

Once de los militares fueron condenados como autores directos, al acreditarse su participación activa en la retención y posterior desaparición de los adolescentes. El Tribunal valoró testimonios, peritajes e informes técnicos que permitieron reconstruir la secuencia de los hechos.

Otros cinco acusados recibieron penas reducidas de 30 meses de prisión tras ser reconocidos como cooperadores eficaces. Los jueces consideraron que su aporte fue clave para el esclarecimiento del caso y la reconstrucción de lo ocurrido tras la detención de los menores.

Durante la lectura del fallo, el Tribunal resolvió ratificar la inocencia de un teniente coronel que había sido señalado como presunto cómplice, al no existir pruebas suficientes que demostraran responsabilidad penal ni dominio del hecho.

El fiscal Christian Fárez afirmó que la sentencia representa un acto de justicia para las víctimas y sostuvo que la gravedad del delito exigía condenas ejemplares frente a la actuación ilegal de fuerzas estatales.

Además de las penas de prisión, el Tribunal ordenó disculpas públicas, una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura, la colocación de una placa con los nombres de las víctimas y capacitaciones obligatorias en derechos humanos para el personal militar.

El fallo también dispuso rectificaciones públicas frente a versiones que estigmatizaron a los adolescentes, dejando expresamente establecido que no eran delincuentes, sino víctimas de desaparición forzada.

En su fundamentación, los jueces subrayaron que este tipo de delitos, cuando son cometidos por agentes del Estado, comprometen no solo responsabilidades individuales, sino también deberes institucionales de control y prevención.

Con esta sentencia, el Tribunal dio por cerrada la primera instancia del proceso, aunque las partes podrán presentar los recursos legales correspondientes. La decisión fija responsabilidades penales concretas y sienta un precedente judicial en causas por violaciones graves a los derechos humanos en Ecuador.