Colombia: el Ministerio Público acusa a un exjefe de las AUC por la masacre de la Granja

La Fiscalía General de la Nación acusó a Jacinto Alberto Soto Toro, alias "Lucas", exjefe financiero paramilitar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por su rol en la masacre de la Granja, en el departamento de Antioquia en el año 1996, en donde cuatro personas perdieron la vida a manos de los miembros de la AUC.

De acuerdo con la imputación elevada por el Ministerio Público de la Nación, alias "Lucas", quien sería el jefe financiero de los hermanos Castaño, (ex líderes de la organización paramilitar) habría facilitado armas, uniformes, y toda la logística necesaria para ejecutar la masacre. En este marco, los delitos que se le imputan a Soto son "homicidio agravado" y "concierto para delinquir agravado".

El director contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General, Hugo Tovar, brindó detalles acerca de las acusaciones que pesan contra el ex hombre de confianza de los hermanos Castaño. "En el curso de esta investigación la Fiscalía estableció que alias Lucas, desde una oficina ubicada en el parqueadero Padilla, en Medellín (Antioquia), al parecer, planeó y direccionó dineros para que diferentes estructuras de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ( ACCU ejecutaran homicidios y otras conductas delictivas calificadas como crímenes de lesa humanidad y que constituyeron un patrón de violencia sistemática contra la población civil entre 1994 y 1998", informó el funcionario del Ministerio Público.

La Masacre de la Granja tuvo lugar el 11 de junio de 1996, en el pequeño corregimiento perteneciente al departamento de Antioquia donde un grupo de paramilitares, con una lista de ciudadanos que habían sido señalados erroneámente de colaborar con las organizaciones guerrilleras que operan en la zona, irrumpió en la zona y asesinó a cuatro personas, entre las que se encontraba un profesor, una mujer, y un joven con discapacidad cognitiva.

Cabe mencionar que por los hechos sucedidos en la Granja y también en el Aro, el Estado colombiano pidió perdón en 2022, debido a su responsabilidad por lo ocurrido.