CIDH declara en "desacato" a Perú por liberar a Fujimori

De esta forma, el máximo tribunal internacional en materia de derechos humanos cargó contra las autoridades peruanas por no haber impedido la liberación de Fujimori, a pesar de que en la previa la Corte había sugerido no proceder con la puesta en libertad del exdictador. En un informe presentado por el propio organismo se argumenta que el "desacato" debido a que "Perú ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo de 2022 que restituyó los efectos al indulto por "razones humanitarias" otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el Presidente de la República a Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte había dispuesto que debía abstenerse de implementarla".

En este marco, cabe mencionar que el Tribunal Constitucional del Perú dictó el pasado 5 de diciembre el fallo en donde consideró que la CIDH no tiene "competencia" para ordenar que no se ejecute la sentencia que disponía la liberación del exdictador peruano. Sin embargo, y tras haber reprendido al juez que intentó frenar la ejecución del pedido de libertad para Fujimori, el TC peruano ordenó el cumplimiento de la disposición.

Ante este escenario, y luego de producirse la liberación del exdictador octogenario, la CIDH ordenó al Estado peruano que presente, con fecha límite del 4 de marzo, un informe sobre el cumplimiento de la "obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos" determinadas en las sentencias de la entidad en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Perú deberá presentar informes cada tres meses, durante todo el tiempo que el tribunal considere necesario.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su rol en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta que tuvieron lugar en 1991 y 1992 respectivamente, y en las que 25 personas fueron asesinadas, además de los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.