03/12/2025

Política

Bolsonaro deberá cumplir al menos 7 años y medio de prisión cerrada antes de acceder a beneficios judiciales

El ex mandatario Jair Bolsonaro permanecerá al menos siete años y medio en prisión bajo régimen cerrado, según un documento del Juzgado de Ejecuciones Penales de Brasilia remitido a la Corte Suprema. Se trata del primer cálculo oficial sobre los tiempos que deberá cumplir tras la condena a 27 años y tres meses por el intento de golpe de Estado ocurrido luego de las elecciones de 2022.

De acuerdo con el fallo, Bolsonaro podrá solicitar el régimen semiabierto a partir del 24 de abril de 2033. En esa modalidad, tendría permitido salir durante el día para trabajar o estudiar, pero deberá regresar cada noche a la prisión. Si cumple con todas las exigencias legales, podrá pedir la libertad condicional el 13 de marzo de 2037, cuando esté próximo a cumplir 82 años.

El documento confirma que la pena comenzó a computarse el 4 de agosto, fecha en la que el ex presidente pasó a arresto domiciliario por violar medidas judiciales previas. Con este criterio, la condena finalizaría en 2052, salvo que prospere alguno de los recursos presentados ante el máximo tribunal, algo que los especialistas consideran de baja probabilidad.

Actualmente, Bolsonaro cumple la sentencia en una celda especial dentro de la sede de la Policía Federal en Brasilia, tras ser hallado responsable de liderar "una conspiración destinada a impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva". El proceso también involucró a altos mandos militares y civiles vinculados al intento de ruptura institucional.

Además, el ex jefe de Estado permanecerá inhabilitado políticamente no solo durante toda su condena, sino también por ocho años adicionales, lo que impediría que ocupe cargos públicos hasta aproximadamente 2060, cuando superaría los 100 años de edad.

La situación judicial también tuvo impacto dentro del Partido Liberal (PL), que decidió suspender a Bolsonaro de toda función interna y retirarle la remuneración que percibía como presidente honorario. Ese pago mensual superaba los 39.000 reales, equivalente a casi la mitad de los ingresos que recibía sumando sus pensiones como ex diputado y militar retirado.

Desde el gobierno, Lula da Silva celebró el fallo como "una lección de democracia para el mundo", destacando que Brasil "demostró que las leyes se aplican a todos, sin excepción". Según el mandatario, la resolución marca un hito porque por primera vez en la historia del país un ex presidente y varios generales enfrentan consecuencias judiciales por un intento de golpe.

La defensa de Bolsonaro insiste en que el proceso tuvo irregularidades y mantiene la esperanza de que la Corte Suprema revise el caso. No obstante, la sentencia está firme y la Justicia brasileña sostiene que el expediente se cerró conforme a derecho.

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