03/03/2026
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció un presunto sabotaje en la cadena de distribución de gasolina y dispuso la militarización de plantas estratégicas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La decisión se adoptó luego de que se detectara contaminación en el combustible y se multiplicaran las quejas de transportistas por daños mecánicos.
En un mensaje acompañado por autoridades civiles y militares, el mandatario afirmó que la alteración del carburante no obedeció a un error técnico, sino a una acción deliberada orientada a desestabilizar al Ejecutivo. Según indicó, sectores vinculados a gestiones anteriores estarían implicados en la manipulación del producto dentro de instalaciones estatales.
Desde la madrugada, al menos 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas fueron desplegados en la planta de Palmasola, en Santa Cruz, y en otras quince instalaciones consideradas estratégicas. El Gobierno señaló que la presencia militar busca resguardar la producción y distribución de gasolina, además de prevenir nuevas interferencias en la cadena logística.
El Ministerio de Defensa informó que el resguardo se mantendrá "el tiempo que sea necesario" para garantizar el abastecimiento interno y la estabilidad operativa de la petrolera estatal.
La medida se produce tras varias semanas de protestas de sindicatos de transportistas, que denunciaron fallas en motores y daños en piezas tras cargar combustible. Inspecciones técnicas detectaron residuos de goma y manganeso en tanques de almacenamiento, elementos que alteraron la composición de la gasolina en determinados lotes.
El Ejecutivo reconoció la existencia de combustible en mal estado en algunos puntos del país, aunque aclaró que no se trata de un problema generalizado. Además, defendió a los trabajadores de YPFB y sostuvo que la intervención militar apunta a proteger tanto a la empresa como al personal operativo.
Bolivia importa diésel y gasolina principalmente desde países vecinos, y realiza el procesamiento y la distribución interna a estaciones privadas. Las autoridades investigan en qué tramo del circuito se habría producido la contaminación.
Entre las acciones anunciadas, el Gobierno informó que incorporará aditivos estabilizantes y antioxidantes de producción nacional para mejorar la calidad del combustible y evitar su degradación. Según la administración de Paz, esta modificación no implicará incrementos en los precios.
También se fortaleció el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias para canalizar reclamos de usuarios afectados y se activó un seguro gestionado por YPFB que cubrirá el total de los daños comprobados en vehículos.
La crisis ocurre meses después de que el Gobierno eliminara la subvención histórica a los combustibles, vigente durante más de dos décadas. Desde entonces, los precios internos registraron incrementos significativos, en línea con una política orientada a reducir el gasto público y equilibrar las cuentas fiscales.
En ese marco, el episodio de la gasolina contaminada adquiere dimensión política y económica. Mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades, el Ejecutivo busca garantizar el suministro y evitar un impacto mayor en el transporte y la actividad productiva.
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