Bolivia eliminó los subsidios a los combustibles y anunció fuertes aumentos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la eliminación de los subsidios a los combustibles, vigentes desde hace más de dos décadas, como parte de un paquete de medidas económicas orientadas a reducir el gasto público y frenar el tráfico ilegal de carburantes hacia países vecinos.

La decisión implica aumentos significativos en los precios. Según informó el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, la gasolina especial pasará de 3,79 a 6,96 pesos bolivianos, mientras que el diésel subirá de 3,74 a 9,80 pesos bolivianos. Los nuevos valores regirán una vez publicado el decreto presidencial, cuya aplicación será inmediata.

Argumentos del Gobierno

El Ejecutivo sostuvo que la política de subsidios se volvió insostenible. De acuerdo con datos oficiales, cerca del 30% del combustible subvencionado termina siendo desviado al contrabando, principalmente hacia países limítrofes, lo que genera una pérdida significativa de recursos para el Estado.

Desde el Gobierno señalaron que la eliminación de la subvención busca también ordenar el mercado interno y avanzar hacia un esquema en el que el sector privado tenga mayor participación en el abastecimiento de combustibles.

Paz afirmó que la quita del subsidio "no implica un abandono social", sino una reorientación de los recursos públicos hacia sectores considerados prioritarios.

Medidas complementarias

En paralelo, el presidente anunció un aumento del 20% del salario mínimo nacional, que pasará de 2.750 a 3.300 pesos bolivianos, como mecanismo de compensación frente al impacto del alza en los combustibles.

El decreto también contempla la liberalización de la importación privada de diésel, al retirarlo de la lista de Sustancias Controladas, con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno y reducir la presión sobre las finanzas públicas.

Investigaciones por contrabando

El anuncio se produce en un contexto de investigaciones oficiales sobre corrupción y desvío de combustibles. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que existen sospechas de participación de funcionarios públicos en maniobras ilegales vinculadas al contrabando.

Según la ANH, las auditorías en curso detectaron redes organizadas que operaban desde plantas de almacenamiento y puntos de distribución, facilitando el desvío de gasolina y diésel subvencionados.

El Gobierno aseguró que las investigaciones continuarán y que los responsables serán llevados ante la Justicia.