Bolivia denunció un daño económico de USD 2.595 millones en empresas estatales durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

El Gobierno de Bolivia denunció un presunto daño económico de USD 2.595 millones vinculado al desempeño de empresas y plantas industriales estatales creadas durante las gestiones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). Según el Ejecutivo, el perjuicio afectó de manera directa a las reservas internacionales netas (RIN) y es consecuencia de proyectos que resultaron inviables o no sustentables.

El planteo fue realizado por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien sostuvo que USD 1.463 millones corresponden a empresas consideradas "inviables" -en su mayoría creadas durante el gobierno de Morales- y otros USD 1.132 millones a plantas industriales impulsadas bajo la política de sustitución de importaciones durante la gestión de Arce.

"Gran parte de estas empresas nacieron inviables y fueron un instrumento de saqueo; otras no fueron sustentables", afirmó Lupo, al tiempo que reclamó la realización de investigaciones y auditorías para establecer responsabilidades por el uso de recursos públicos.

Empresas creadas y baja recuperación de la inversión

De acuerdo con datos oficiales, entre 2006 y 2024 el Estado boliviano creó 67 empresas, con una inversión total de USD 7.550 millones. Sin embargo, el Gobierno aseguró que solo se recuperó el 18% de esos fondos, mientras que el resto se considera irrecuperable.

El ministro precisó que el 28% de los créditos provenientes de las RIN se destinó a la creación de 14 empresas inviables, de las cuales cuatro cerraron y cinco se encuentran en quiebra técnica. Entre las compañías observadas figuran Boliviana de Aviación (BoA), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la Empresa Siderúrgica del Mutún, además de firmas alimenticias, cementeras y azucareras.

Plantas industriales bajo la lupa

Otra parte del presunto perjuicio está vinculada a las 174 plantas industriales proyectadas durante el gobierno de Arce, con una inversión estimada en USD 3.164 millones. Según el informe oficial, 40 plantas fueron entregadas, 134 siguen en construcción, 19 están operativas, 41 no son ejecutables y 60 fueron calificadas como inviables.

Estos proyectos abarcan sectores como litio, minería, alimentos, biocombustibles, fertilizantes, farmacéutica y manufactura, áreas que, según Lupo, "pueden ser desarrolladas por el sector privado".

Auditorías y reestructuración

El funcionario sostuvo que el "desfalco total" podría superar los USD 7.750 millones, o incluso duplicarse si se incorporan créditos internacionales no contabilizados en las RIN. Ante ese escenario, el Ejecutivo anunció una reingeniería fiscal, la reestructuración de empresas públicas y el cierre de nuevos desembolsos hasta auditar "cada centavo gastado".

La denuncia se conoció junto con el anuncio de la creación de una Comisión de la Verdad, que investigará presuntos hechos de corrupción en el sector de hidrocarburos durante los gobiernos de Morales y Arce.