Aumenta la tensión entre el sector empresarial y el Gobierno de Bolivia

Tras las medidas  y acciones implementadas, los productores agroindustriales hicieron sus reclamos ante la suspensión de exportaciones. Asimismo, aseguraron que no existe riesgo de desabastecimiento.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX) y la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB); se manifestaron en contra de la medida dispuesta por el Gobierno nacional. La cual, establece la suspensión de  exportaciones hasta que se levante el paro cívico  en la región de Santa Cruz de la Sierra. Asimismo, consideran que esta medida de fuerza atenta contra la economía nacional.

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La decisión fue tomada por el Ejecutivo, el día jueves, tras establecer la suspensión temporal a la exportación de grano, soja, azúcar, aceite y carne. Ante esto, los productores agroindustriales y los gremios de exportadores,  se manifestaron en contra y les respondieron a las autoridades. Dado que estos grupos,  son considerados el motor económico de Bolivia, puesto que estos envíos constituyen el  80% de la producción.

Sin embargo, ante tale s circunstancia, el presidente de la Cámara Departamental de Exportadores local (Cadex), Oswaldo Barriga, y el representante de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Jorge Amantegui, publicaron un video  en conjunto en el que dieron a conocer su preocupación y “rechazo contundente” al respecto.

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“Queremos hacer conocer nuestro rechazo, contundente y total, a una norma que ha lanzado a través del Ministro de Desarrollo productivo y Economía puban, del gobierno nacional, indicando la suspensión temporal de las exportaciones del sector sojero, de la azúcar y la carne”, manifestó Oswaldo Barriga y alegó: “Creemos que es una medida desacertada e irresponsable, tomada desde una visión política y no de una técnica, real de un posible desabastecimiento”.

Ante esto, explicó que tanto el sector azucarero como el de la carne y la soja, ya se encuentran desde “hace muchos años” bajo regulación del Gobierno Nacional. Es por esto, que el Ejecutivo les otorga los cupos habilitados para la exportación, tras un análisis sobre la producción y los excedentes.

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“Hemos demostrado en los  últimos años que nunca ha estado desabastecido el mercado” (interno)  y en estos momentos no se encuesta desabastecido  y no existe riesgo de que se desabastezca el mercado”, señaló y concluyó: “A través de esta medida se pone en riesgo más de 300.000 empleos, se pone en riesgo más de 470 viajes diarios de camión, 470 choferes de camión que tienen que alimentar a su familia y que todos los días hacen viajes hacia las fronteras y puertos a nivel internacional”.

Por otro lado, Amantegui expuso también sus argumentos y explicó cómo es que se calculan las cantidades habilitadas para exportación y cuánto se destina a consumo interno.  “Estamos muy preocupados por la medida que ha tomado el Gobierno, en el marco de un conflicto social, han adoptado una medida con un tilde político que está afectado a toda la economía nacional y al pueblo de Bolivia”, manifestó el representante de Caniob.

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Ante esto, aseguró que los cupos de envíos al exterior se fijan en dos momentos: a principio y a mitad de año. De esta forma, el producto destinado al mercado interno es almacenado y reservado, y es condición necesaria para obtener los permisos del Ejecutivo para vender los excedentes al exterior. Por lo que detalló que, el desabastecimiento en algunas  regiones es el resultado del “cerco”, establecido por los bloqueos de los accesos. Los cuales fueron instalados por diversos sectores afianzados con el oficialismo en un intento por contrarrestar la huelga ciudadana.

“El problema de que no llegue el producto al interior del país, ya es consecuencia de los conflictos sociales,  será consecuencia del cerco que hay en la ciudad de Santa Cruz, pero no porque haya desabastecimiento en el sector”, enfatizó.  No obstante, la decisión de aislar a la región del resto del país se dio este jueves por órdenes de grupos cercanos a Luis Arce y provocó el cierre de las cuatro principales carreteras que conducen a otras regiones del país, así como a Brasil y Argentina.

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Sin embargo, Amantegui estableció que el sector agroindustrial fue un importante factor dentro de la reactivación económica que atraviesa el país. Puesto que, hasta agosto, la contribución por las exportaciones fue de más de USD 1.6 millones. “Queríamos seguir con ese accionar de exportación para reactivar la economía de Bolivia. Con esta medida están truncando estas posibilidades y nos están poniendo en una situación muy difícil”, estableció con tristeza.

Cabe señalar que, ambos representantes, le solicitaron al presidente Luis Arce, que reconsidere la medida a fin de evitar un gran daño a la matriz productiva y a la credibilidad de Bolivia como proveedor internacional. Puesto que dicha medida de fuerza, se ha venido llevando a  cabo desde hace ya una semana, en exigencias de la realización del censo de población en el 2023.

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Entre tanto, el Gobierno dispuso la medida “hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento a toda la población boliviana”. Sin embargo, la medida entró en vigencia el jueves 27 de octubre, acompañada por las acusaciones del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, quien apuntó contra quienes protestan por “las consecuencias de la paralización del sector productivo” y por “atentar contra la seguridad alimentaria de la población boliviana”.

Ante esto, el ministro concluyó tajante: “Solo ellos son culpables del daño y pérdidas millonarias que se están ocasionando al aparato productivo cruceño y nacional”