La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, recibió este martes a familiares de presos políticos y representantes de organizaciones de derechos humanos para debatir el proyecto de ley de amnistía, que ya cuenta con aprobación en primera discusión.
La reunión se produjo tras una concentración frente al Palacio Federal Legislativo, en Caracas, donde allegados a detenidos reclamaron ser incorporados de manera efectiva a la consulta pública previa al segundo debate parlamentario.
El encuentro fue encabezado por el diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial que redacta el proyecto. Según declaró, el Parlamento busca recoger propuestas de juristas, expertos y personas afectadas por procesos judiciales vinculados a la confrontación política de los últimos años.
Alcance temporal y cuestionamientos
De acuerdo con lo informado durante la jornada, el proyecto contempla un alcance general desde 1999 hasta enero de 2026. Sin embargo, familiares y organizaciones señalaron que el artículo 6 enumera años específicos -2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024- lo que, en la práctica, podría dejar fuera detenciones ocurridas en 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023.
Según los registros que manejan organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, esos períodos concentran una parte sustancial de los expedientes de personas detenidas por motivos políticos.
Andreína Baduel, vocera del comité, sostuvo que si el texto no incorpora modificaciones, "más de la mitad" de los casos documentados quedarían excluidos del beneficio.
Excarcelaciones y cifras divergentes
En paralelo al debate legislativo, se desarrolla un proceso de liberaciones. La organización Foro Penal informó haber verificado 426 excarcelaciones desde el 8 de enero, contabilizadas caso por caso. La entidad aclaró que no considera excarcelación plena a los casos en que la persona continúa bajo arresto domiciliario u otras medidas restrictivas.
Por su parte, el gobierno venezolano informó que el número de personas liberadas desde diciembre asciende a 897, aunque hasta el momento no se difundió un listado oficial completo.
Debate político y garantías
Durante la jornada también participó el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, quien recibió formalmente los planteamientos presentados por los familiares.
Desde el oficialismo se sostiene que la ley apunta a promover mecanismos constitucionales de reconciliación. En contraste, familiares y organizaciones insistieron en que cualquier norma debe contemplar garantías de debido proceso, mecanismos de reparación y participación directa de las víctimas.
El proyecto continuará su tratamiento en segunda discusión en el Parlamento, en un contexto de tensión política y seguimiento internacional sobre la situación de los presos políticos en Venezuela.
