Muertes bajo custodia exponen el colapso sanitario en la principal cárcel de Ecuador

Seis personas privadas de libertad murieron bajo custodia estatal en la Penitenciaría del Litoral, el complejo carcelario más grande de Ecuador, en un episodio que reaviva las alertas sobre una crisis sanitaria persistente dentro del sistema penitenciario. Los cuerpos fueron hallados en distintos pabellones y, según reportes preliminares, no presentaban signos visibles de violencia.

La ausencia de indicios de agresión no despeja las causas de los fallecimientos. Por el contrario, refuerza una hipótesis que suele quedar diluida en la cobertura mediática: las muertes en cárceles ecuatorianas no se explican únicamente por enfrentamientos entre internos, sino también por enfermedades no tratadas, desnutrición y fallas estructurales en el acceso a atención médica.

Desde 2024, familiares de detenidos y organizaciones de derechos humanos vienen denunciando brotes sostenidos de tuberculosis, interrupción de tratamientos, demoras en traslados hospitalarios y condiciones de insalubridad en varios pabellones. Informes elaborados tras visitas judiciales describen falta de agua potable, cortes prolongados de energía eléctrica y hacinamiento extremo, factores que agravan cuadros clínicos preexistentes.

A esto se suma el deterioro del sistema de alimentación dentro del penal. Denuncias reiteradas señalan raciones insuficientes, mala conservación de los alimentos y ausencia de controles que garanticen su distribución efectiva. Este escenario, lejos de ser un dato accesorio, es señalado por especialistas como un elemento central en el debilitamiento físico de la población carcelaria.

Las seis muertes registradas esta semana no constituyen un hecho aislado. En las semanas previas se reportaron otros fallecimientos en circunstancias similares, también sin signos de violencia, lo que refuerza las advertencias sobre un patrón de abandono institucional. Familiares denunciaron además demoras en el retiro de los cuerpos y falta de información oficial clara.

En 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para todas las personas detenidas en este centro, al considerar que enfrentan un riesgo grave e inmediato. Si bien el Estado anunció mesas de emergencia y coordinación interinstitucional, las organizaciones advierten que las respuestas siguen siendo parciales y tardías frente a una emergencia prolongada.

La Penitenciaría del Litoral se ha convertido así en un símbolo del colapso carcelario ecuatoriano. Un escenario donde la muerte bajo custodia ya no responde solo a la violencia interna, sino a una crisis sanitaria que permanece sin solución estructural y cuya responsabilidad recae, de manera directa, en el Estado.